28 junio, 2022 9:54 am

Nueva Ley de Alquiles: incumplimiento del mercado inmobiliario

El referente de de Inquilinos Agrupados,  Gervasio Muñoz denunció  que el “rol que están teniendo las inmobiliarias y los propietarios  es muy  violento hacia los que están endeudados” y la hay una fuerte necesidad  de prorrogar el decreto 320 hasta marzo de 2021.

En este sentido, buscando una solución a este  problema que afecta a millones de argentinos que viven en hogares alquilados, es que Inquilinos Agrupados se reunió hace más de una semana con la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, María Eugenia Bielsa, con el objetivo de lograr la extensión del decreto 320 hasta marzo del 2021. Veamos.

Este decreto establece que desde el 29 de marzo, la suspensión de desalojos, la prórroga de contratos y el congelamiento de precios de alquileres, entre otras medidas, hasta el 30 de septiembre de este año pero Muñoz  afirma que “Para nosotros es importante que el decreto 320 se extienda, pero lo más importante es que sea anunciado lo antes posible. La Ministra se comprometió a darnos una respuesta sobre esto y la verdad es que aún no la obtuvimos. Tenemos mucha incertidumbre y preocupación, sobre todo por el rol que están teniendo las inmobiliarias y los propietarios es muy violento hacia los que están endeudados”.

El vocero  de la organización explicó que las herramientas usadas para hostigar al sector que representa son los desalojos ilegales, la presión para que quien alquila deba irse y amenazar con la ejecución de la garantía pero, de acuerdo con los resultados de la última encuesta que llevó a cabo la organización nacional Inquilinos Agrupados, el 30% de quienes alquilan no podrán pagar el alquiler en el mes de agosto. Pero el dato que más preocupa a la organización, es que la mitad de ese porcentaje respondió que debe dos meses de renta o más.

De esta manera  aseguró que “Lo que se viene en octubre son juicios de embargos de garantías y desalojos a altos niveles.  Por eso, plantea el Gervasio que “además de que el gobierno anuncie cuanto antes si va a extender o no el decreto, un plan de desendeudamiento sobre el sector. Porque si no, se está pateando para adelante el problema”.

Cumplimiento de la ley: ¿sí o no?

Una de las preguntas realizadas a las 3000 personas encuestadas por  Inquilinos Agrupados, es si creen que tanto inmobiliarias como propietarios cumplen con la Ley de Alquileres y si creen que hay control sobre las inmobiliarias. Casi el total de los inquilinos respondió que no cumplen con el decreto y tampoco con la nueva Ley de Alquileres. Además, acuerdan, sobre el hecho de que “no hay controles”.

En este sentido Muñoz señala que los martilleros continúan exigiendo sellado cuando ya no se paga más en la provincia de Buenos Aires; además del pago en efectivo,  donde se sabe que el decreto plantea que debe hacerse por CBU. El año pasado la Legislatura intentó tratar el tema de estos cargos “extra” al alquiler, pero hubo una fuerte oposición del presidente del Colegio de Martilleros de la Provincia, Juan Carlos Donsanto, quien consideró que implicaba “la pérdida del 50% en nuestros honorarios”.

Por su parte el vicepresidente del Colegio bonaerense, José María Sacco, criticó la nueva Ley de Alquileres que ya comenzó a regir a nivel nacional, al afirmar que surgen tanto en locatarios como locadores dudas e incertidumbre sobre precios y modos de acatar a la normativa: “Sobre esta ley que dicen que tanto favorece a los inquilinos, a veces tengo mis dudas. Esta está tan bien hecha que las dos partes tienen miedo, tanto el inquilino como el locador”, ironizó el vicepresidente del Colegio de Martilleros de la Provincia.

 ¿Cuál es la solución para Inquilinos Agrupado?

Viene de la mano de un rol activo por parte del Estado, en relación a los controles y al cumplimiento tanto de la ley como del decreto 320. Es en este sentido, también observan que, a más de un mes de su entrada en vigencia, aún no se reglamentó lo que creen que es el punto central: el registro de los contratos ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

“No solo se trata de que paguen impuestos, es lo de menos, registrar los contratos es sacar de la oscuridad el alquiler de viviendas en Argentina.  Hoy nadie sabe quiénes son esos propietarios o cuántas propiedades poseen”, advierte.

“Es un mercado organizado para aumentar el precio de los alquileres, para desprestigiar la ley y, sobre todo, para desarticular la organización del sector y la pelea para que haya más regulaciones”, finalizó Gervasio Muñoz.

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