Ante el pico del "Super Niño", el Gobierno bonaerense promulgó la Ley 15.688, que autoriza a los intendentes de la provincia a destinar hasta el 100% de los fondos del Impuesto Inmobiliario Rural asignados al mantenimiento de la red vial rural a la ejecución de obras hídricas.
La norma publicada este martes en el Boletín Oficial tras ser sancionada por la Legislatura bonaerense, permite usar esos recursos, coparticipados o transferidos en el marco de la Ley 13.010, en obras de drenaje pluvial, dragado y limpieza de canales, reparación o ampliación de alcantarillas, obras de defensa y compra de equipamiento hídrico.
La habilitación es excepcional y tendrá una vigencia de 180 días corridos desde la publicación de la ley, por lo que se extenderá hasta los primeros días de mayo de 2027.
En la legislación actual, los fondos recaudados del Inmobiliario Rural son distribuidos un 65% al Ejecutivo provincial, un 12% al Fondo Compensador de Mantenimiento y Obras Viales, un 3% al Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales y Saneamiento Ambiental y un 20% a los municipios en concepto de retribución por la administración del tributo.
La iniciativa del senador de Unión y Libertad, Sergio Vargas, busca dotar de mayor poder de acción a los intendentes bonaerenses para ejecutar obras críticas y que su accionar no quede limitado a sólo el mantenimiento de la red vial rural.
"Autorízase a los municipios de la provincia de Buenos Aires a disponer y aplicar, de manera indistinta, hasta el cien por ciento (100 %) de los fondos coparticipados o transferidos con destino al mantenimiento de la red vial rural derivados del Impuesto Inmobiliario Rural (Ley N° 13.010 y sus modificatorias), a la ejecución de obras de drenaje pluvial, dragado y limpieza de canales, reparación o ampliación de alcantarillas, obras de defensa y adquisición de equipamiento hídrico", señala el principal artículo de la norma.
No obstante, la reasignación de los recursos constituye una “facultad” y no una obligación para los distritos, por lo que cada representante local podrá decidir si utiliza los fondos para atender la emergencia o mantiene su destino original para los caminos rurales.