La Tesorería General de la provincia de Buenos Aires dispuso la apertura de una cuenta bancaria específica para registrar y ejecutar los embargos judiciales que recaigan sobre recursos del Estado bonaerense. La medida busca centralizar esas operaciones y establecer un mecanismo unificado para administrar las afectaciones de fondos ordenadas por la Justicia.
La decisión quedó establecida mediante una resolución publicada el jueves en el Boletín Oficial bonaerense. La cuenta funcionará en la Casa Matriz del Banco Provincia, bajo la denominación «Embargos contra la Provincia de Buenos Aires», y estará a nombre de la Tesorería General.
Según la normativa, la cuenta estará destinada exclusivamente a la registración, canalización y ejecución de los embargos judiciales en los que deba intervenir la Tesorería. El mecanismo alcanzará a todos los procesos judiciales, incluidos aquellos que ya se encuentren en etapa de ejecución.
La resolución también fijó un procedimiento para las medidas judiciales expresadas en moneda extranjera. En esos casos, el cumplimiento se instrumentará a través de la nueva cuenta mediante su equivalente en moneda de curso legal, de acuerdo con los parámetros de la orden judicial y sin alterar la naturaleza ni el alcance de la obligación.
Entre los fundamentos, la Tesorería sostuvo que la afectación directa de las cuentas que integran el Sistema de Cuenta Única del Tesoro (SCUT) podría comprometer la planificación financiera y la continuidad de la gestión estatal.
En ese sentido, señaló que la centralización permitirá mejorar la administración, registración, trazabilidad y control de los embargos, además de compatibilizar el cumplimiento de las decisiones judiciales con el funcionamiento del sistema financiero provincial.
La cuenta deberá operar con la firma conjunta de al menos un funcionario de cada uno de los dos grupos de autoridades designados por la resolución, y será incorporada al Registro Único de Cuentas Oficiales (RUCO).
Por último, la Tesorería General coordinará con las entidades financieras que actúan como agentes del Estado provincial los mecanismos necesarios para implementar el nuevo procedimiento.