El Senado bonaerense tratará una ley para crear una empresa pública de medicamentos

El Senado de la provincia de Buenos Aires agendó para este jueves su última sesión ordinaria de 2026, en la que el oficialismo buscará dar media sanción a la ley que crea una empresa pública de medicamentos. En cambio, el proyecto para integrar el sistema de salud bonaerense (SIPBA), otra de las iniciativas impulsadas por el gobierno de Axel Kicillof, quedó postergado ante las objeciones de los intendentes.

Tras idas y vueltas, y en una Cámara alta con escasa actividad durante el año, el oficialismo decidió avanzar con la creación del Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense, una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria. El Estado provincial será titular del 99% del capital social, mientras que el 1% restante podrá quedar en manos de actores públicos o privados.

Qué hará la empresa de medicamentos

La iniciativa propone que la Provincia pueda investigar, desarrollar, producir, comprar, vender y distribuir medicamentos e insumos sanitarios, además de elaborar vacunas, productos médicos, equipamiento, ingredientes farmacéuticos activos e insumos odontológicos, entre otros.

Según el planteo oficial, el objetivo es priorizar el abastecimiento de los hospitales provinciales y municipales, evitar los sobreprecios de los laboratorios privados y reducir los costos del sistema público de salud.

El rechazo opositor

Pese a los cambios introducidos al proyecto, los bloques de Unión y Libertad, PRO, La Libertad Avanza y Hechos-UCR Identidad adelantaron que votarán en contra. Entre sus argumentos, mencionaron la ampliación de la burocracia estatal, el gasto fiscal y la falta de razones que justifiquen la creación de la empresa.

El SIPBA, frenado por los intendentes

Aunque el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, confirmó el tratamiento del proyecto de medicamentos, la integración del SIPBA deberá esperar. La iniciativa será girada a la Comisión de Presupuesto para recibir aportes de distintos senadores.

El freno no provino de la oposición sino del propio peronismo: el Frente Renovador y el kirchnerismo trasladaron al recinto los reclamos de los intendentes. El principal cuestionamiento apuntó al artículo 43, que obliga a los municipios a «armonizar» los salarios de sus médicos con las paritarias provinciales, sin precisar cómo se financiaría ese gasto.

El proyecto también exige que cada jefe comunal informe al Consejo Regional de Salud (Coresa) y al Congreso Provincial de Salud (Cosapro) cada vez que quiera «hacer uso de otras modalidades de personal o reconocer salarios superiores a los que fija esta normativa».

Otro punto en discusión fue la prioridad que el texto otorga a los municipios integrados a la Red Bonaerense de Atención y Cuidados en Salud para recibir fondos de programas sanitarios provinciales y nacionales. Los intendentes reclamaron que la ley adopte el Coeficiente Único de Distribución (CUD) como fórmula de reparto, ya que el proyecto original no establece con claridad cómo se asignarían las partidas.