¿Censura en el INTA? Echaron a la científica que detectó glifosato en el 84% de los casos

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) resolvió exonerar a Virginia Aparicio, investigadora de la Estación Experimental Agropecuaria de Balcarce desde 1997. Organizaciones científicas, sindicatos y agrupaciones socioambientales denunciaron censura y persecución. El organismo, en cambio, fundamentó la sanción en un sumario administrativo por presuntas irregularidades en su participación en un estudio internacional sobre agroquímicos. Ese trabajo detectó glifosato en la orina del 84% de los voluntarios analizados en el sudeste bonaerense.

La defensa de la investigadora cuestionó la legalidad y la proporcionalidad de la medida y anticipó que recurrirá a la Justicia.

Un estudio europeo con muestras bonaerenses

Aparicio, ingeniera agrónoma y doctora en Ciencias Agrarias, integró desde 2020 el proyecto SPRINT, financiado por la Unión Europea. La iniciativa reunió a investigadores de distintos países para estudiar la presencia de plaguicidas en el ambiente, los animales y las personas.

En el sudeste bonaerense se analizaron muestras de sangre, orina y materia fecal de 73 voluntarios, entre productores agropecuarios, trabajadores rurales y consumidores. También se estudiaron muestras de agua, suelo, aire y alimentos. Entre los resultados se informó la presencia de glifosato en la orina del 84% de los participantes. El hallazgo permitió caracterizar la exposición a la sustancia, aunque no demuestra por sí solo que haya causado enfermedades.

El 15 de octubre, antes de conocerse la sanción, la investigadora presentó los resultados de sus mediciones ante el Concejo Deliberante de Balcarce.

Del freno a la presentación al sumario

En junio de 2023, las autoridades del INTA ordenaron suspender una reunión en la que Aparicio iba a presentar los resultados a los participantes del estudio. Seis meses después, el organismo retiró a la Argentina del proyecto SPRINT y abrió un sumario contra la investigadora.

El procedimiento incluyó ocho imputaciones, vinculadas con el envío de muestras al exterior, el manejo de información confidencial, la participación de otras personas y presuntas irregularidades administrativas y financieras. Según publicó el medio Primera Plana, la defensa rechazó las acusaciones, sostuvo que el envío de muestras respondió al protocolo internacional y cuestionó la proporcionalidad de la sanción.

Los fundamentos de la resolución

La resolución 366 impuso la exoneración, la sanción más grave del régimen disciplinario del empleo público nacional. Entre los cuestionamientos del organismo figuró la participación de José Luis Costa, investigador retirado y conviviente de Aparicio, en tareas relacionadas con la conducción del proyecto y el acceso a sus datos.

El propio texto reconoció que no se acreditó un beneficio económico personal para la científica ni antecedentes disciplinarios previos. También señaló que no se determinó de manera fundada un perjuicio fiscal equivalente a los montos administrados. Otros integrantes del INTA involucrados en el sumario recibieron sanciones diferentes o fueron eximidos de responsabilidad.

Denuncias de trato discriminatorio

Aparicio había denunciado indefensión y trato discriminatorio durante el proceso, pero el Consejo Directivo del INTA rechazó sus planteos. En una entrevista con el medio especializado Bichos de Campo, la investigadora describió el aislamiento que aseguró haber sufrido: “Parezco un poco leprosa en los pasillos del INTA”.

El caso reabrió en Balcarce y en la provincia el debate sobre el acceso a la información ambiental y el rol de los organismos públicos en las investigaciones sobre agroquímicos.