El Senado de la provincia de Buenos Aires aprobó el martes, y giró a la Cámara de Diputados, un proyecto de ley de la senadora Nerina Neumann, del monobloque UCR. La iniciativa dispone la instalación de cartelería preventiva permanente en rutas provinciales y accesos estratégicos para advertir sobre las consecuencias de los incendios rurales, forestales y de interfaz urbano-rural.
Según el texto aprobado, la señalización deberá ubicarse en rutas provinciales y sus banquinas, en accesos a zonas rurales, productivas y forestales, en áreas identificadas como de riesgo medio o alto de incendio y en los sectores donde el ámbito urbano se encuentra con el rural.
Los carteles tendrán que advertir sobre el riesgo de provocar incendios e informar la prohibición de arrojar colillas, fósforos u otros elementos inflamables y la restricción para realizar quemas no autorizadas. También deberán incluir números de emergencia, canales de comunicación institucionales y mensajes de concientización ambiental y responsabilidad ciudadana.
En los fundamentos del proyecto, la legisladora de la Sexta sección electoral planteó el diagnóstico: "La provincia de Buenos Aires posee una de las redes viales más extensas del país, atravesando vastas zonas rurales, productivas y áreas de alto valor ambiental. En estos territorios se registran año tras año incendios de pastizales y campos que provocan daños ambientales, pérdidas productivas, afectación de infraestructura y riesgos para la seguridad vial".
Neumann sostuvo además que buena parte de los focos que se registran en las rutas bonaerenses tienen origen humano y responden a conductas evitables, como tirar colillas encendidas, quemar residuos sin autorización o usar el fuego con imprudencia en épocas de sequía, calor y viento.
La Provincia cuenta desde fines de 2016 con la Ley 14.892 de manejo del fuego, sancionada el 21 de diciembre de ese año y publicada en el Boletín Oficial en febrero de 2017. Esa norma prohíbe el uso del fuego en ámbitos rurales y forestales sin autorización de la autoridad de aplicación y prevé sanciones que van desde un apercibimiento hasta multas de entre 1 y 50 sueldos básicos de la categoría inicial de la administración pública provincial.
La ley de 2016 también ordena elaborar un plan anual de prevención y lucha contra el fuego y un mapa de zonificación del riesgo de incendio, y obliga a los municipios a tener planes locales. Sin embargo, su texto no incluye referencias a la señalización en caminos y rutas.
Ese es el vacío que busca cubrir el proyecto aprobado por el Senado. Para Neumann, los carteles son una herramienta de bajo costo relativo y alto impacto para advertir a la población, desalentar conductas peligrosas y reforzar la responsabilidad ciudadana.
La iniciativa establece que el Poder Ejecutivo deberá definir una autoridad de aplicación. Ese organismo elaborará un plan anual de señalización, determinará las zonas prioritarias a partir de los antecedentes y los mapas de riesgo, y coordinará la implementación con el Ministerio de Seguridad, el área ambiental de la Provincia, la Dirección de Vialidad, Defensa Civil, los municipios y los cuerpos de bomberos voluntarios.
Los gastos se cubrirán con partidas del Presupuesto General provincial, aunque podrán sumarse recursos de programas nacionales o convenios con otras jurisdicciones. Los municipios serán invitados a adherir y a completar la señalización en caminos rurales y accesos locales.
"El presente proyecto no crea nuevas prohibiciones ni sanciones para quienes provoquen los incendios en las rutas bonaerenses, sino que operativiza las obligaciones existentes del Estado provincial, promoviendo la articulación entre organismos provinciales, municipios y cuerpos de bomberos voluntarios", explicó la senadora.
La Sexta sección, que Neumann representa, fue la región bonaerense más castigada por los incendios rurales del verano 2016-2017. Aquella temporada de fuego afectó alrededor de 1,4 millones de hectáreas en La Pampa, Río Negro y Buenos Aires, según estimaciones del INTA. En territorio bonaerense, Villarino y Carmen de Patagones fueron los distritos más afectados, y las llamas también alcanzaron campos de Puán y Bahía Blanca e incluso la ruta nacional 22.
Las cifras de superficie quemada en la provincia variaron según la fuente: el Gobierno bonaerense habló entonces de unas 100.000 hectáreas, mientras que la Federación Agraria y las autoridades locales elevaron la estimación a 250.000.