La detención de un adolescente de 16 años investigado por una serie de robos, hurtos y encubrimientos volvió a colocar la participación de menores en hechos delictivos en el centro de la discusión en Tres Arroyos. La medida fue ordenada por la Justicia a partir de elementos aportados por distintas dependencias policiales, testimonios de víctimas y otras pruebas reunidas durante la investigación.
El caso llega semanas después de la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil, que rige en todo el país desde el 5 de septiembre.
La ley 27.801, sancionada por el Congreso en febrero y promulgada en marzo, reemplazó el régimen que estaba vigente desde 1980 y redujo de 16 a 14 años la edad mínima de responsabilidad penal. También fijó un máximo de 15 años de privación de libertad para adolescentes, prohibió la prisión perpetua e incorporó sanciones alternativas, entre ellas la amonestación y el monitoreo electrónico.
El secretario de Seguridad de Tres Arroyos, Juan Apolonio, viene siguiendo la implementación del nuevo esquema. Según planteó, la preocupación no pasa únicamente por la posibilidad de que adolescentes que antes quedaban fuera del sistema penal ahora puedan ser judicializados, sino también por la infraestructura y los dispositivos necesarios para abordar esos casos. En esa línea, señaló la necesidad de contar con programas, instalaciones y personal especializado que acompañen la aplicación de la norma.
La discusión aparece en un contexto en el que, según los datos difundidos por el municipio, determinados delitos prevenibles registraron una baja en el distrito: los robos habrían caído un 57% y los hurtos, un 19%.
Desde la gestión local atribuyen esa evolución a una estrategia que combinó prevención, inversión tecnológica y mayor presencia en la calle. En los últimos años, Tres Arroyos reformuló su Centro de Operaciones y Monitoreo, incorporó alrededor de 100 cámaras, sumó domos y lectores de patentes y recuperó la Patrulla Municipal de Prevención. La flota destinada a seguridad pasó de tres a diez vehículos.
Apolonio también puso el foco en el vínculo con el Ministerio de Seguridad bonaerense, a cargo de Javier Alonso. Desde el municipio destacan que existe coordinación permanente con las distintas áreas provinciales y asistencia para operativos específicos, entre ellos el uso de drones en tareas de patrullaje rural.
Ese esquema de articulación entre municipio, Policía, Justicia y Provincia es uno de los puntos que la gestión local pretende sostener frente al nuevo escenario.