La empresa Covisa cerró su fábrica de vidrios templados en Tres de Febrero y dejó a unos 40 trabajadores a la espera de definiciones. Los empleados aseguran que llevan cuatro meses sin cobrar, que no recibieron telegramas de despido y que encontraron los accesos cerrados tras una licencia.
La planta funcionaba sobre la calle Lima al 3100, en Caseros, y la actividad se había reducido de manera considerable durante los últimos dos años. Según los operarios, los problemas salariales se habían acumulado durante más de un año hasta llegar a la situación actual.
Los trabajadores contaron que la compañía había otorgado licencias antes de la interrupción de las tareas. Cuando llegó el momento de regresar a sus puestos, encontraron las persianas bajas y los accesos cerrados, sin una comunicación formal sobre el futuro del establecimiento.
A la falta de información se sumó la ausencia de notificaciones sobre eventuales desvinculaciones. Los empleados también denunciaron que dejaron de contar con cobertura de obra social y seguro laboral, mientras aguardaban una respuesta de la firma.
El conflicto salarial tampoco se había iniciado con el cierre. Los operarios señalaron que durante más de un año existieron demoras en el pago de las quincenas. Con el paso de los meses, esas dificultades se profundizaron hasta alcanzar cuatro meses de haberes pendientes.
Omar Quinteros, trabajador de Covisa desde hace 25 años e integrante del Sindicato de Empleados del Vidrio, expresó su preocupación por la falta de definiciones. “Nos tienen de rehenes porque no nos despiden, no nos dicen qué va a pasar y nosotros tenemos que comer. Hace cuatro meses que no recibimos una moneda”, afirmó.
La incertidumbre tuvo un impacto particular entre quienes desarrollaron gran parte de su trayectoria profesional dentro de la fábrica. Algunos empleados señalaron que llevan entre 25 y 28 años en la planta y que ahora enfrentan la posibilidad de tener que buscar una nueva fuente de ingresos.
Quinteros explicó que le faltaban tres años para alcanzar la edad jubilatoria y que esperaba completar su vida laboral en la empresa. “Pensé que me jubilaba acá”, manifestó al referirse a la situación que atravesaron los trabajadores tras el cierre de las instalaciones.
Otro operario, identificado como Alejandro, tiene 51 años y llevaba 28 años en Covisa. Según explicó, la extensa permanencia en una misma actividad podía dificultar su búsqueda de una nueva oportunidad laboral.
Mientras esperaban una definición, algunos empleados recurrieron a trabajos ocasionales y a tareas mediante aplicaciones de transporte o reparto para sostener sus hogares. El reclamo se concentró tanto en los salarios pendientes como en la necesidad de conocer cuál sería el destino de los puestos de trabajo.
Los aproximadamente 40 empleados reclamaron el pago de los cuatro meses de salarios que aseguraron tener pendientes y una comunicación formal sobre su situación laboral. También esperaban conocer si existía alguna posibilidad de reanudar las operaciones en la planta de Caseros.
Representantes gremiales intentaron establecer contacto con la compañía para obtener información sobre el futuro del establecimiento. De acuerdo con el relato de los trabajadores, hasta el momento no habían recibido una definición concreta sobre una eventual reapertura.
La falta de telegramas de despido mantuvo abierta la incertidumbre entre los empleados. Sin una notificación formal, tampoco contaban con precisiones acerca de la continuidad de sus vínculos laborales ni sobre los pasos que seguirían frente al cierre de la planta.
El reclamo quedó así concentrado frente a una fábrica que durante décadas había sido el lugar de trabajo de varios de sus empleados. Los operarios continuaron a la espera de una respuesta empresarial que permitiera conocer si recuperarían sus puestos o qué ocurriría con los salarios adeudados.