El diputado bonaerense Rubén Eslaiman (Fuerza Patria) impulsa un proyecto para crear el Régimen de Alquiler Social, que busca aliviar los gastos que debe afrontar un inquilino al ingresar a una vivienda. La iniciativa cuenta con el apoyo del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia de Buenos Aires.
El régimen alcanzaría a los inmuebles cuyo monto locativo mensual inicial no supere el sueldo básico de la Categoría 20 por 48 horas de trabajo del empleado de la Administración Pública Provincial, previsto en la Ley 10.430. En agosto ese valor fue de 388.000 pesos, aunque se actualiza con cada revisión salarial.
Los locatarios alcanzados por el régimen no deberían abonar los honorarios de martilleros y corredores públicos por intermediación, ni los de cualquier otro profesional que intervenga en la confección del contrato. Esos costos pasarían a ser soportados por los locadores, de acuerdo con las escalas arancelarias de cada profesión.
Tampoco deberían pagar los informes que se tramitan ante el Registro de la Propiedad Inmueble. El proyecto contempla además una revisión del tope de la valuación fiscal para la exención del Impuesto de Sellos.
Para la contratación de los servicios, se consideraría suficiente la presentación del contrato con las firmas certificadas por los Juzgados de Paz correspondientes o, si intervino un profesional, con la firma y el sello del matriculado y la certificación del colegio respectivo. En todos los casos, esas certificaciones serían gratuitas para los inquilinos.
El texto establece también que las empresas prestadoras de servicios no podrían cobrar cargos por conexión, reconexión, depósito o cambio de titularidad en los alquileres alcanzados por el régimen.
El proyecto contempla la creación de un régimen especial de incentivo y simplificación fiscal para los propietarios cuyas viviendas reúnan esas características y se vuelquen a la locación. Prevé eximirlos del pago de impuestos e invita a los municipios a adherir mediante exenciones de tasas y derechos.
El presidente del Colegio de Martilleros bonaerense, Luis Colao, defendió el criterio de segmentación de la iniciativa. Sostuvo que dividir en grupos, subgrupos o regiones para asistirlos en forma selectiva "implica poner una mirada mucho más justa, sobre todo en una sociedad y una provincia tan vasta y compleja socialmente como la nuestra".
Y agregó: "Obviamente, no son los locadores ni los profesionales quienes deben suplir los déficits en materia habitacional, ya que ese es un rol indelegable del Estado, pero el esfuerzo conjunto del Estado, los propietarios y los profesionales podrá facilitar el ingreso al mercado locativo de los sectores sociales de menores ingresos".