martes 22 de septiembre de 2026 - Edición Nº2848
Ciudades
Condenaron a ocho años de prisión al jefe de “La Liga” de remates: el fallo que sacude al Colegio de Martilleros de Mar del Plata
16:01 |Héctor Ricardo Monteros fue detenido tras la sentencia por liderar la organización mafiosa que manipulaba subastas judiciales. El caso expone la inacción y los cuestionamientos hacia la dirigencia de la entidad profesional donde operaba la banda.
El Tribunal Oral en lo Criminal condenó a ocho años de prisión a Héctor Ricardo Monteros al considerarlo jefe de la asociación ilícita conocida como “La Liga de Compradores”. Tras la lectura del veredicto, Monteros fue detenido en la sede de Tribunales para ser trasladado al complejo penitenciario de Batán. Su condena marcó el cierre del juicio que mantuvo en vilo a la localidad de Mar del Plata.
La investigación, llevada adelante por el fiscal Alejandro Pelegrinelli junto con el Cuerpo de Ayuda a la Instrucción Técnica (CATI), determinó que el grupo delictivo llegó a imponerse en dos de cada tres subastas judiciales realizadas desde el año 2013.
En el marco de la misma causa, que demandó más de 13 años de investigación, otros integrantes de la estructura ya habían recibido sanciones. En 2025, Julio César Consorte y Pablo del Corazón de Jesús Quiroz fueron condenados a tres años de prisión de ejecución condicional tras admitir su participación como integrantes, mientras que la imputada Miriam Elizabeth Lamas accedió a una suspensión del juicio a prueba.
Violencia y manipulación en el salón de remates
La organización criminal, conformada por más de 20 personas con roles definidos como falsos compradores y “apretadores”, operó de manera continuada entre 2013 y octubre de 2018. Su accionar se desplegaba directamente dentro del salón de remates del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Mar del Plata.
A través de mecanismos caracterizados como procederes mafiosos –que incluían amenazas, intimidaciones y agresiones físicas a potenciales compradores de buena fe–, la banda lograba que el público desistiera de ofertar. De este modo, garantizaban la adjudicación de inmuebles y bienes muebles a precios irrisorios, para luego revenderlos o exigir comisiones ilegales al margen de los controles impositivos.
Implicancias y sombras sobre la dirigencia del Colegio
El desarrollo del proceso judicial no solo desarticuló la red delictiva, sino que también dejó al descubierto una severa crisis de legitimidad al señalar la presunta complicidad o una omisión sistemática por parte del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos local.
Pese a que las extorsiones y agresiones ocurrieron durante años en la propia sede institucional, el accionar de la banda se mantuvo impune de forma prolongada.
Frente a estos señalamientos, el ex presidente de la institución Miguel Ángel Donsini –quien encabezó la entidad durante 24 años– intentó tomar distancia argumentando que el Colegio únicamente “alquilaba el salón” y carecía de poder de policía sobre los remates. Por su parte, la gestión actual conducida por Guillermo Rossi mantiene un silencio que genera creciente polémica entre los profesionales colegiados.
Mientras tanto, la resolución de este caso pone a prueba la integridad y responsabilidad de la conducción del Colegio en uno de los episodios más oscuros de su historia institucional.
