Allanaron a dos exfuncionarios de Castelli por una causa vinculada a viviendas sociales

La investigación judicial que involucra a dos exfuncionarios de Castelli avanzó con un allanamiento y nuevas pericias para determinar el destino de materiales adquiridos para la construcción de viviendas sociales. Los investigados son Laura Olguín y Sebastián Prediger, quienes se encuentran coimputados en una causa iniciada tras una denuncia impulsada por el intendente Francisco Echarren.

La medida fue dispuesta por el Juzgado de Garantías con asiento en Dolores y alcanzó un inmueble ubicado en el predio rural conocido como “La Blanquita”, en Castelli. El procedimiento contó con la intervención de personal de la Delegación Departamental de Investigaciones de Dolores y profesionales encargados de realizar inspecciones y relevamientos técnicos.

Qué busca determinar la Justicia

Uno de los principales ejes de la investigación es establecer si materiales adquiridos para la construcción de 83 viviendas sociales del barrio Curita fueron utilizados en una obra privada vinculada a los investigados.

Para avanzar sobre esa hipótesis, la orden judicial contempla comparar las características de ambas construcciones mediante mediciones, relevamientos fotográficos y planimétricos y un cotejo de las estructuras y materiales. También se dispuso verificar marcas, modelos, calidad y procedencia de los elementos encontrados.

Olguín estuvo al frente del área municipal responsable de la construcción de las viviendas. La denuncia apunta, entre otras cuestiones, a determinar el destino de ladrillos, hierros y otros insumos adquiridos para el proyecto habitacional.

La causa está caratulada “Novella, Cristian Raúl y otros s/ defraudación en la sustancia, calidad o cantidad de las cosas”. Las medidas realizadas forman parte de la recolección de pruebas y no implican una determinación de responsabilidad penal, que deberá resolver la Justicia.

Los 28 techos que habían sido pagados por el Municipio

La investigación tiene como antecedente otra denuncia relacionada con 28 techos destinados a viviendas, que habían sido abonados por la Municipalidad pero no fueron entregados en los plazos previstos.

En septiembre de 2025, tras el avance de aquella causa, el Municipio informó que logró recuperar casi la totalidad de los materiales reclamados. La comuna estimó entonces su valor en alrededor de $300 millones.

La investigación actual busca determinar si existieron otras irregularidades relacionadas con los recursos destinados a las viviendas sociales.

Otras operaciones bajo investigación

En el expediente también aparecen otras situaciones denunciadas por el Ejecutivo municipal. Una de ellas está relacionada con el destino del dinero proveniente de la venta de materiales reciclables de la planta municipal, que debía utilizarse para pagar un bono a sus trabajadores. Según la documentación aportada por la comuna, alrededor de 20 empleados podrían prestar testimonio sobre esas operaciones y el supuesto incumplimiento del pago.

También se analiza una operación para la compra de una pala cargadora, en la que el Municipio denunció un posible sobreprecio cercano a los 12.000 dólares. La administración local aseguró que dejó sin efecto aquella contratación y posteriormente adquirió una máquina por un monto inferior. Estas circunstancias forman parte de los elementos aportados a la investigación y deberán ser corroboradas judicialmente.

Desde el Municipio indicaron que continuarán entregando la documentación requerida mientras avance la causa. La Justicia deberá ahora analizar los elementos obtenidos durante el allanamiento y los resultados de las pericias para determinar si existieron irregularidades y, en ese caso, establecer las responsabilidades correspondientes.