AySA y una definición clave: dos ofertas pasan a la próxima instancia de evaluación

La privatización de Agua y Saneamientos Argentinos ingresó en una instancia decisiva, aunque todavía no existe un adjudicatario ni se conocen las ofertas económicas. Dos grupos empresarios presentaron la documentación para quedarse con el paquete estatal de AySA, responsable del servicio de agua y cloacas en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del Conurbano.

La plataforma oficial CONTRAT.AR registra 17 participantes en el procedimiento, pero solamente dos propuestas confirmadas. La Comisión de Evaluación deberá determinar ahora si cumplen con las condiciones jurídicas, técnicas y financieras necesarias para pasar a la siguiente etapa.

Quiénes presentaron las ofertas por AySA

Una de las propuestas fue encabezada por Rowing SA e incluye a Arcos, Transclor y PHX. La segunda fue presentada por Roggio ROAS SAU junto con otros participantes que el comunicado oficial del Ministerio de Economía no identificó individualmente.

Por el momento, ambos grupos son oferentes y se encuentran bajo evaluación. Recién después de esa revisión se podrá avanzar con la apertura de las propuestas económicas. Por ese motivo, todavía no es posible conocer cuánto está dispuesto a pagar cada consorcio ni cuál quedará mejor posicionado.

La compulsa corresponde a una licitación pública nacional e internacional dividida en dos etapas. La primera está destinada a revisar los antecedentes y la capacidad de los aspirantes; la segunda, a analizar las ofertas monetarias de aquellos que hayan sido habilitados.

Qué porcentaje de la empresa se venderá

El procedimiento contempla la transferencia a un operador estratégico del 90% de las acciones de AySA que pertenecen al Estado nacional. El 10% restante continuará en manos de los trabajadores mediante el Programa de Propiedad Participada.

La venta fue convocada mediante la Resolución 704/2026 del Ministerio de Economía, después de que la Ley Bases declarara a la empresa sujeta a privatización. La convocatoria es “sin base”, es decir, no establece públicamente un precio mínimo para el paquete accionario.

AySA fue creada como empresa estatal en 2006 y actualmente presta servicios en un área habitada por alrededor de 14 millones de personas. Su alcance convierte al proceso en una cuestión especialmente sensible para la provincia de Buenos Aires, ya que la mayor parte del territorio comprendido se encuentra en el Conurbano.

Las inversiones que deberá asumir el nuevo operador

El Ministerio de Economía informó que el futuro operador deberá ejecutar inversiones superiores a los 2.000 millones de dólares durante los primeros cinco años.

El contrato incorpora un Plan de Acción para el período 2027-2031 valuado en 2,89 billones de pesos, a precios de diciembre de 2025 y sin IVA. Para 2031 fija objetivos de cobertura del 75,3% en agua potable y del 63,9% en cloacas. Al finalizar el plazo inicial de 30 años, los porcentajes mínimos deberán llegar al 90% y al 75%, respectivamente.

Durante el primer ciclo de cinco años, el esquema oficial prevé mantener constante el nivel tarifario en términos reales, aunque contempla excepciones establecidas en el contrato. Esa definición no supone un congelamiento nominal de las facturas, sino que habilita variaciones destinadas a acompañar la evolución de los precios.

El Ente Regulador de Agua y Saneamiento tendrá a su cargo el control anual de los compromisos, mientras que las obras financiadas por la concesionaria deberán ser certificadas por un auditor técnico independiente.

Una cautelar condiciona el traspaso

El avance de la licitación coincide con una disputa judicial iniciada por la Defensoría del Pueblo bonaerense. La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata confirmó una medida cautelar que le impide a AySA reducir, diferir o alterar sus obligaciones vinculadas con el acceso al agua potable, la salud pública, el ambiente y la prestación adecuada del servicio.

La resolución no eligió un comprador ni resolvió el fondo de la privatización. Su efecto concreto es impedir que el cambio contractual o societario sea utilizado para disminuir inversiones, postergar obras o flexibilizar los controles de calidad mientras no exista una evaluación ambiental, sanitaria e institucional integral.

La Defensoría del Pueblo de la provincia había solicitado la intervención judicial ante la posibilidad de que el nuevo esquema trasladara pasivos ambientales o redujera las obligaciones existentes en los 26 municipios bonaerenses atendidos por la compañía.

El rechazo llegó a la Legislatura bonaerense

La privatización también generó cuestionamientos en la Cámara de Diputados provincial. Las legisladoras Cintia Romero y Ayelén Rasquetti, de Unión por la Patria, presentaron un proyecto de declaración para expresar el rechazo al proceso impulsado por la Nación.

La iniciativa ingresó a la Comisión de Servicios Públicos y todavía no tiene despacho. Los planteos opositores se concentran en el posible impacto sobre las tarifas, la continuidad de las obras y las condiciones de acceso al agua en los distritos del Conurbano.

El Gobierno nacional sostiene, en cambio, que la incorporación de capital privado permitirá financiar la expansión de las redes y que el Estado conservará las funciones de regulación y control. Esa discusión continuará mientras se evalúan los dos consorcios y antes de que se conozcan las ofertas económicas que definirán el futuro de AySA.