Sector inmobiliario: la desregulación pone en jaque la colegiación obligatoria

El tradicional modelo de los Colegios de Corredores y Martilleros en Argentina enfrenta un escenario de intensas turbulencias. En medio del avance de los planes de desregulación del mercado, diversos referentes del sector cuestionan abiertamente el rol de estas instituciones, señalándolas como meras trabas corporativas en lugar de verdaderos garantes de la seguridad de las transacciones.

Mientras las corporaciones de martilleros defienden que la matriculación forzosa es el único mecanismo capaz de proteger a la sociedad, las voces críticas argumentan que se trata de una retórica para resguardar privilegios sectoriales. Uno de los cuestionamientos más agudos proviene del empresario Jorge Amoreo Casotti, fundador de la PropTech Pint.

Casotti equipara el rol de los Colegios con una metáfora contundente: “Decir que los Colegios garantizan seguridad jurídica es como decir que un peaje garantiza que las rutas sean seguras”. Según el empresario, estas organizaciones no funcionan como organismos reales de control ni como tribunales de justicia, sino que limitan su actividad a administrar el otorgamiento de matrículas y aplicar castigos disciplinarios internos.

Para muchos críticos, la verdadera seguridad en una operación inmobiliaria no procede de una credencial estatal administrada por burócratas, sino de las herramientas del sistema judicial, contratos adecuadamente redactados y de la labor del escribano.

Quienes impulsan la desregulación destacan que la solidez técnica e institucional de cualquier operación reside en el derecho notarial. La responsabilidad legal de realizar el estudio de títulos, otorgar fe pública y registrar debidamente el inmueble recae en los escribanos, no en los corredores inmobiliarios.

Asimismo, se critica la incapacidad de los Colegios para resarcir económicamente a los clientes damnificados por malas prácticas o estafas. En el esquema actual, cuando ocurre una estafa o una impericia profesional, las sanciones de los tribunales de ética colegiales se reducen a suspensiones de matrícula de carácter administrativo.

Esto deja desprotegido el patrimonio de las víctimas, quienes se ven forzadas a recurrir a la justicia ordinaria o a mediaciones externas para intentar recuperar su dinero.

Los costos del monopolio y la alternativa de los seguros

Lejos de promover la transparencia, la obligatoriedad del sistema actual incentiva la informalidad debido a la asfixia económica que impone sobre los profesionales. La acumulación de matrículas costosas, aportes previsionales de carácter compulsivo y cuotas periódicas eleva de forma desmedida los costos operativos legales, empujando a numerosos intermediarios al mercado informal.

Como alternativa a la habilitación forzosa, los defensores del libre mercado proponen un esquema de responsabilidad efectiva. Casotti sugiere reemplazar el monopolio de los Colegios por la obligatoriedad de seguros de responsabilidad profesional emitidos por compañías de seguros estrictamente reguladas por el Estado. Bajo este modelo, existiría un verdadero respaldo financiero capaz de indemnizar el daño patrimonial de los consumidores frente a cualquier error o dolo.

En última instancia, el debate actual expone que la colegiación obligatoria no ha cumplido sus promesas de formalizar la actividad ni de cuidar de manera real al ciudadano. Para los impulsores del cambio, la jerarquización y el prestigio de un corredor no nacerán de un monopolio legal que opera como un “coto de caza” institucional, sino de la formación constante, la adopción de tecnologías innovadoras y el valor de su propia reputación en el mercado.