Seguridad jurídica: Cuestionan el rol de los Colegios Inmobiliarios como garantes del mercado

En medio del creciente debate sobre la desregulación del sector inmobiliario en Argentina, el discurso tradicional de los Colegios de Corredores y Martilleros ha entrado en una zona de fuertes turbulencias. Mientras estas instituciones defienden la colegiación obligatoria como el único escudo para proteger a la sociedad, voces críticas denuncian que esta supuesta “seguridad jurídica” es una construcción retórica destinada a preservar privilegios corporativos.

Una de las críticas más punzantes del empresario Jorge Amoreo Casotti, fundador de la PropTech Pint y portavoz de la transformación del sector, apunta directamente al corazón del argumento colegial. Para el empresario, “decir que los Colegios garantizan seguridad jurídica es como decir que un peaje garantiza que las rutas sean seguras”. Según su visión, estas instituciones no actúan como tribunales ni organismos de control real, sino que se limitan a administrar matrículas y sancionar a quienes no se ajustan a sus normas internas, funcionando en la práctica como una barrera artificial de entrada al mercado.

En ese sentido, Casotti se muestra a favor de la desregulación, sosteniendo que el actual sistema de colegiación obligatoria es el principal responsable del retraso en la evolución del mercado inmobiliario. Para Casotti, la “tan mentada seguridad jurídica” que dicen ofrecer los Colegios es falaz y argumenta que la verdadera seguridad en una transacción la brinda el derecho notarial (escribanos) a través del estudio de títulos, la fe pública y la inscripción en registros estatales. 

Según señaló, los Colegios no tienen capacidad de indemnizar o resarcir a las víctimas de mala praxis: sus sanciones se limitan a suspensiones de matrícula que no solucionan el daño económico del consumidor. Así, advirtió que la solución real ante un conflicto es la justicia ordinaria o una mediación, no el tribunal de ética de un Colegio de Corredores y Martilleros.

Como él, son muchas las voces que señalan que la verdadera seguridad en una transacción no emana de una credencial emitida por “un grupo de burócratas”, sino del sistema judicial, de los contratos bien redactados y de la fe pública que otorgan los escribanos. Enfatizan además que el estudio de títulos y la responsabilidad de que un inmueble sea correctamente inscripto recae legalmente sobre el escribano, no sobre el corredor inmobiliario.

El fracaso del control y la “inseguridad antijurídica”

El argumento de la protección al consumidor también es puesto en duda al analizar los resultados concretos del sistema actual. Diversos expertos argumentan que los Colegios carecen de capacidad para compensar económicamente a las víctimas de impericias o faltas profesionales. 

Ante una estafa o error profesional, como ha ocurrido en diversos distritos, la sanción de los Colegios suele limitarse a suspensiones temporales de la matrícula, obligando al damnificado a recurrir de todos modos a la justicia ordinaria para intentar recuperar su patrimonio.

Otro eje de los cuestionamientos recae en cómo el sistema colegiado, lejos de formalizar el mercado, genera incentivos para la opacidad. Casotti sostiene que la carga de matrículas costosas, aportes previsionales compulsivos y cuotas eleva tanto el costo de operar legalmente que termina empujando a muchos actores a la informalidad.

Hacia un modelo de responsabilidad efectiva

Frente a este escenario, la propuesta de desregulación busca reemplazar la “habilitación obligatoria” por un sistema de responsabilidad efectiva y competencia abierta. Casotti sugiere que la seguridad del consumidor podría garantizarse de forma más eficiente mediante la exigencia de seguros de responsabilidad profesional, donde empresas aseguradoras –altamente reguladas– brinden un respaldo económico real ante posibles daños.

En definitiva, los argumentos contra el discurso oficial de los Colegios sugieren que la colegiación forzosa no ha logrado formalizar el mercado ni proteger eficazmente al ciudadano. Para los defensores de la desregulación, la verdadera profesionalización vendrá de la mano de la capacitación constante, la innovación tecnológica y la reputación, y no de un monopolio legal que, según sostienen, solo ha servido para convertir una actividad comercial en un “coto de caza” institucional.