El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó este lunes la aprobación del "Protocolo Unificado de la provincia de Buenos Aires para la Recolección, Conservación y Remisión de Muestras para Análisis de ADN", a través de la Resolución 2060, firmada por el ministro Javier Alonso.
El documento fue elaborado de manera conjunta entre el Ministerio de Seguridad y la Secretaría de Política Criminal, Coordinación Fiscal e Instrucción Penal de la Procuración General de la Provincia. Su objetivo consistió en establecer los procedimientos necesarios para garantizar la seguridad y la eficiencia de los métodos utilizados en el levantamiento, la recopilación y la preservación de evidencias genéticas.
En la elaboración del protocolo intervinieron, además, la Superintendencia de Policía Científica, la Dirección de Pericias y Estudios Forenses de la Subsecretaría de Planificación e Inteligencia Criminal y el Departamento de Coordinación de Institutos Forenses y Gabinetes Periciales, dependiente de la mencionada secretaría de la Procuración General. También tomaron intervención la Asesoría General de Gobierno y la Fiscalía de Estado.
El protocolo estableció una serie de requisitos destinados a reforzar la trazabilidad, la preservación y el valor probatorio de las evidencias genéticas. Entre otras disposiciones, fijó criterios uniformes para la capacitación y protección del personal, la utilización de materiales adecuados, el embalaje y rotulado individual de las muestras y el mantenimiento de la cadena de custodia durante todo el proceso.
Como regla general, según el documento, los laboratorios admitirán inicialmente hasta cinco evidencias dubitadas por remisión, seleccionadas de acuerdo con su posible utilidad para el esclarecimiento del hecho. Además, podrán rechazar aquellas que no cumplan con las condiciones de embalaje, identificación o documentación establecidas.
La guía también contempló procedimientos específicos para escenas del crimen, allanamientos, muestras de referencia y delitos contra la integridad sexual.
En esos casos, el texto puso especial énfasis en la prevención de la contaminación de las muestras y, particularmente en los delitos contra la integridad sexual, en la protección física y psicológica de la víctima y en su consentimiento para la toma de evidencias.