Durante su disertación en la conferencia anual organizada por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y la Americas Society / Council of the Americas, celebrada en Buenos Aires, el presidente Javier Milei volvió a colocar en el centro del debate público la agenda de género al responsabilizar de manera directa al movimiento feminista y a la interrupción voluntaria del embarazo por la marcada caída en los índices de natalidad que registra la República Argentina.
En un discurso de tono categórico ante un auditorio compuesto por referentes del sector empresarial, el jefe de Estado afirmó que se está "pagando muy caro la locura de los pañuelitos verdes", al sostener que "Argentina no llega a la tasa de crecimiento de población y natalidad que permite la reposición".
Según el mandatario, "esa pasión por asesinar niños en el vientre de la madre nos está costando en términos de crecimiento y materia previsional", además de impactar de forma negativa en la acumulación de capital humano calificado a largo plazo.
La legislación sobre la interrupción voluntaria del embarazo fue promulgada en el país a finales del año 2020, representando un hito normativo en la región. El marco regulatorio vigente garantiza el acceso a esta práctica de manera gratuita y legal en el sistema público de salud hasta la semana catorce de gestación, mientras que para plazos posteriores contempla excepciones ante situaciones de violación o riesgo para la vida o la salud de la persona gestante. Desde el oficialismo han manifestado rechazo a este derecho, impulsando iniciativas en el Congreso orientadas a lograr la derogación de la ley.
Por su parte, las estadísticas del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) confirman que la fecundidad nacional descendió a un promedio de 1,2 hijos por mujer en la última década, ubicándose en uno de los valores más reducidos de América Latina.
No obstante, los diagnósticos elaborados por organismos multilaterales atribuyen este estancamiento poblacional a condicionantes socioeconómicos estructurales. Entre los factores desencadenantes destacan las dificultades presupuestarias para afrontar los costos de la crianza, la inestabilidad del mercado laboral, los obstáculos para el acceso a la vivienda propia y las exigencias vinculadas a la organización y distribución de las tareas de cuidado.