El Municipio de Olavarría tiene más de $13.500 millones pendientes de cobro por tasas y derechos municipales, en un contexto marcado por el crecimiento de la mora entre vecinos, comercios, industrias y distintos sectores productivos.
La cifra fue informada por la secretaria de Economía y Hacienda, María Eugenia Bezzoni, quien explicó que la deuda incluye obligaciones correspondientes a servicios urbanos, Seguridad e Higiene, patentes municipalizadas, tasas rurales, derechos de cementerio y explotación de canteras, entre otros conceptos.
El monto acumulado no corresponde únicamente a 2026. De acuerdo con la funcionaria, equivale a casi el 10% de una ejecución presupuestaria anual proyectada en torno a los $140.000 millones.
La cobrabilidad de la Tasa de Servicios Urbanos se ubica actualmente cerca del 59%. Años atrás rondaba el 67% y al cierre de 2023 se encontraba en torno al 63%, según los datos expuestos por Bezzoni.
Esto significa que alrededor de cuatro de cada diez obligaciones no se pagan en término, aunque la proporción varía según la zona, el tipo de tributo y el universo de contribuyentes analizado.
La funcionaria señaló que los menores niveles de cobrabilidad se registran en barrios alejados de las principales avenidas y en distintas localidades del partido. También indicó que, en algunos sectores, la falta de pago alcanza aproximadamente a una de cada dos cuentas.
Uno de los datos que más preocupa al Ejecutivo es la aparición de contribuyentes que históricamente pagaban y comenzaron a acumular deuda durante los últimos meses.
Según Bezzoni, unas 6.500 cuentas registran entre una y diez cuotas impagas de Servicios Urbanos y concentran una deuda cercana a los $600 millones.
La secretaria relacionó ese comportamiento con la pérdida de empleos, la reducción de horas de trabajo, la caída del consumo y las dificultades de comercios y pequeñas empresas para afrontar alquileres, salarios y otros costos fijos.
El crecimiento de la mora se viene observando de manera sostenida desde hace aproximadamente 30 meses, de acuerdo con el análisis realizado por el área de Hacienda.
Dentro de los $13.500 millones pendientes de cobro, alrededor de $1.000 millones corresponden al Derecho de Explotación de Canteras, conocido habitualmente como “impuesto a la piedra”.
Bezzoni afirmó que cuatro establecimientos concentran la mayor parte de esa deuda y que cada mes se suman nuevos períodos impagos.
La funcionaria vinculó la situación con la fuerte caída de la actividad provocada por la paralización de la obra pública nacional. Según los indicadores mencionados durante la entrevista, los despachos de cemento se mantienen un 25% por debajo de 2023 y la extracción de piedra cayó alrededor del 31%.
La reducción de la actividad también derivó en suspensiones, despidos y menores niveles de producción en un sector central para la economía del partido.
La caída de los ingresos tuvo impacto directo en las cuentas comunales. El resultado financiero del primer semestre fue deficitario en alrededor de $1.000 millones, cifra informada en la ejecución presupuestaria semestral y ratificada posteriormente por la secretaria de Hacienda.
Bezzoni sostuvo que, si el Municipio pudiera cobrar la totalidad de la deuda acumulada, ese rojo financiero no existiría. Sin embargo, también aclaró que una parte importante de los contribuyentes atraviesa dificultades económicas reales.
Frente a este escenario, el Ejecutivo municipal lanzó un plan de facilidades de pago que estará vigente hasta el 30 de septiembre.
El régimen alcanza a todos los tributos municipales y contempla quitas de intereses de hasta el 100% para determinadas deudas canceladas en un único pago. También ofrece planes de hasta 24 cuotas con reducciones menores.
Desde el Municipio señalaron que la medida busca recuperar recursos sin profundizar las dificultades de vecinos, comercios, productores e industrias que comenzaron a atrasarse durante la crisis.