conflicto
martes 04 de agosto de 2026 - Edición Nº2799
ATR
conflicto
El Gobierno nacional amenaza con sanciones mientras el paro frena puertos bonaerenses
15:45 |Prefectura intimó a los prácticos a retomar el servicio. La protesta afecta terminales de La Plata, Dock Sud, Quequén y Bahía Blanca.
El conflicto por la desregulación de los servicios de practicaje y pilotaje paralizó parte de la actividad portuaria del país y alcanzó a terminales estratégicas de la provincia de Buenos Aires. Mientras continúa la medida de fuerza, el Gobierno nacional anticipó sanciones y la Prefectura Naval intimó formalmente a los profesionales a retomar sus tareas.
El vocero presidencial, Adrián Ravier, sostuvo este martes que quienes mantengan la protesta “van a tener sanciones”, aunque aclaró que no contaba con precisiones sobre las medidas que podrían aplicarse.
La advertencia fue acompañada por una intimación publicada por la Prefectura Naval en el Boletín Oficial. El organismo ordenó a los profesionales incluidos en un listado oficial ponerse inmediatamente a disposición para prestar los servicios de practicaje y pilotaje.
Qué sanciones podrían enfrentar
Prefectura advirtió que la negativa a prestar el servicio será considerada una falta grave y podrá dar lugar a sanciones disciplinarias.
El edicto también señaló que las acciones destinadas a interrumpir la actividad podrían derivar en denuncias penales si se considera que pusieron en riesgo la seguridad de una embarcación o entorpecieron el funcionamiento normal del transporte por agua.
Hasta el momento no se informó públicamente que se hayan aplicado sanciones concretas. La comunicación oficial consiste en una intimación y una advertencia sobre las consecuencias administrativas y penales que podrían producirse si continúa la protesta.
El impacto en los puertos bonaerenses
La medida afecta a terminales de Buenos Aires y de otras provincias. Entre los puertos bonaerenses alcanzados se encuentran La Plata, Dock Sud, el complejo Zárate-Campana, Quequén y Bahía Blanca.
Los prácticos son los profesionales que asesoran a los capitanes durante el ingreso, la salida y la navegación de los buques por puertos, ríos y canales que requieren un conocimiento específico de la zona.
Sin ese servicio, numerosos barcos no pueden avanzar, ingresar a las terminales o completar maniobras de carga y descarga. Medios vinculados con la actividad portuaria estimaron que más de 150 embarcaciones quedaron afectadas por la protesta, aunque no existe hasta ahora un balance oficial único sobre la cantidad.
El decreto que originó el conflicto
La protesta comenzó luego de la entrada en vigencia del Decreto 690/2026, publicado el 31 de julio. La norma reemplazó el reglamento que regía la actividad desde 1991 y creó un nuevo esquema para los servicios de practicaje y pilotaje.
Entre sus principales cambios, dispuso que la Prefectura lleve un registro abierto y sin cupos de profesionales habilitados. También estableció que los usuarios podrán contratarlos libremente como trabajadores independientes y habilitó una mayor competencia en los servicios utilizados para trasladarlos hasta las embarcaciones.
La Agencia Nacional de Puertos y Navegación quedó facultada para fijar tarifas máximas y exigir que las empresas publiquen sus precios. El Gobierno sostiene que estas modificaciones permitirán reducir costos logísticos y eliminar barreras para el ingreso de nuevos prestadores.
El decreto también amplió las posibilidades de que determinados capitanes argentinos o extranjeros obtengan un certificado de conocimiento de zona y puedan prescindir del servicio, siempre que acrediten la experiencia y los viajes exigidos por la nueva reglamentación. No se trata, por lo tanto, de una eliminación general de la obligatoriedad del practicaje.
Los prácticos cuestionan la desregulación
Los profesionales rechazan el nuevo régimen porque consideran que flexibiliza los requisitos de una tarea directamente vinculada con la seguridad de la navegación. También cuestionan la apertura del registro, las modificaciones en las condiciones de contratación y las nuevas excepciones para operar sin un práctico a bordo.
El Gobierno, en cambio, presenta la reforma como una medida para aumentar la competencia y reducir los costos del comercio exterior.
Mientras ambas posiciones siguen enfrentadas, la actividad continúa afectada en puertos centrales para la exportación de granos, combustibles y productos industriales. Hasta este martes no se había anunciado oficialmente una instancia de negociación que permitiera destrabar el conflicto.
