Juicio a “La Liga”: La sombra de la connivencia acecha al Colegio de Martilleros de Mar del Plata

El próximo 3 de agosto, los tribunales de Mar del Plata serán escenario de un proceso judicial histórico que promete remover los cimientos de una de las instituciones más tradicionales de la ciudad. 

El inicio del juicio oral contra los principales cabecillas de la denominada “Liga de Compradores” no solo busca determinar responsabilidades penales por años de manipulación de subastas judiciales, sino que también amenaza con exponer una mancha imborrable: la presunta complicidad o, al menos, una omisión sistemática por parte del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos local.

Durante décadas, “La Liga” operó como una estructura mafiosa que dominaba el salón de remates del propio Colegio de Martilleros. Mediante amenazas, intimidaciones y agresiones físicas, este grupo –integrado por más de 30 personas– lograba que potenciales oferentes desistieran de participar, permitiéndoles adquirir bienes muebles e inmuebles a precios irrisorios, muy por debajo de su valor de mercado.

La investigación, liderada por la Fiscalía de Delitos Económicos y el Cuerpo de Ayuda Técnica a la Instrucción (CATI), sostiene que esta organización utilizó métodos “asiduos y mecánicos” para eludir la libre puja y realizar negocios inmobiliarios que escapaban a los controles impositivos. A pesar de que los hechos ocurrían en las instalaciones de la entidad profesional, el accionar de la banda se mantuvo impune por años.

El silencio institucional bajo la lupa

Uno de los puntos más críticos que se ventilarán en el juicio a partir del 3 de agosto es el rol de las autoridades colegiales. Testimonios ya incorporados a la causa señalan que existió una “omisión” por parte de los directivos de los últimos 25 o 30 años, quienes habrían permitido que este grupo operara con total comodidad en su propio recinto.

A pesar de la gravedad de las acusaciones, que incluyen la participación de martilleros matriculados como Mario Castelao en la estructura delictiva, el Colegio no ha brindado explicaciones contundentes ni ha asumido responsabilidad alguna por lo ocurrido bajo su techo. 

Mientras que el ex titular de la entidad, Miguel Ángel Donsini –quien presidió la institución por 24 años–, se limitó a declarar que el Colegio solo “alquilaba el salón” y que carecía de poder de policía, la actual gestión de Guillermo Rossi mantiene un silencio que genera creciente polémica entre los profesionales del sector.

El juicio que comienza en agosto, y que tiene como principales imputados a figuras de peso como Héctor Monteros y Miriam Lamas, es visto como una oportunidad para que salgan a la luz elementos que prueben la connivencia directa entre la institución y la organización criminal.

Si bien ya existen dos condenas previas de 3 años de prisión condicional para integrantes de “segundo orden” (Julio César Consorte y Pablo Quiroz), quienes admitieron su rol como “apretadores”, el debate oral que se avecina apunta a los jefes y a la red de contactos que les permitió actuar con impunidad. 

Para muchos, este juicio no solo juzgará a una asociación ilícita, sino que pondrá a prueba la integridad de un Colegio de Corredores que, hasta hoy, parece no haberse hecho cargo de una de las etapas más oscuras de su historia.