El kirchnerismo presentó un proyecto de ley en la provincia de Buenos Aires para limitar la propiedad extranjera de tierras rurales. La iniciativa propone un tope del 15% sobre la titularidad de inmuebles, crea un registro provincial y suma mecanismos de control sobre las operaciones realizadas por personas y sociedades extranjeras.
La propuesta fue impulsada por los diputados de Fuerza Patria Facundo Tignanelli, Noelia Saavedra y Cintia Romero. El texto plantea la creación de un régimen provincial destinado a regular la propiedad, posesión y tenencia de tierras rurales, con el objetivo de fortalecer el control sobre esos inmuebles.
La iniciativa establece que la titularidad o posesión extranjera no podrá superar el 15% del territorio rural de la provincia de Buenos Aires ni de cada uno de sus municipios. Además, dispone que las personas o sociedades de una misma nacionalidad no podrán concentrar más del 30% de ese cupo.
El proyecto también fija un límite máximo de mil hectáreas por titular extranjero en la denominada Zona Núcleo, o una superficie equivalente que deberá determinar la reglamentación según las características productivas de cada región.
Uno de los principales ejes es la creación de un Registro Provincial de Tierras Rurales. Ese organismo tendría la función de relevar la titularidad extranjera, solicitar información a organismos públicos y emitir los certificados obligatorios para concretar las operaciones alcanzadas por la futura norma.
La propuesta incorpora la obligación de identificar al beneficiario final de sociedades, fideicomisos, fondos de inversión y otras estructuras jurídicas que controlen tierras rurales. Si esa información no fuera presentada, la operación no podría obtener la habilitación correspondiente ni inscribirse en el registro.
El texto también califica como una simulación ilícita y fraudulenta el uso de personas o sociedades argentinas para ocultar una titularidad extranjera. En esos casos, los actos jurídicos realizados en violación de la ley serían considerados nulos.
La iniciativa contempla excepciones para extranjeros con diez años de residencia permanente en el país, para quienes acrediten hijos argentinos y cinco años de residencia, y para quienes estén casados con ciudadanos argentinos desde hace al menos cinco años y cumplan el mismo requisito de permanencia.
El proyecto tomó como antecedente la Ley Nacional 26.737, sancionada en 2011, que ya había establecido límites del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales en el país. Esa normativa fue derogada por el DNU 70/2023 impulsado por el presidente Javier Milei, aunque posteriormente recuperó su vigencia a partir de una medida cautelar que continúa vigente.
En paralelo, el Gobierno nacional impulsó modificaciones a través del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incluyó cambios sobre las restricciones para la adquisición de campos por parte de personas y empresas extranjeras. Su tratamiento en el Senado volvió a postergarse ante la falta de acuerdos.
El proyecto bonaerense también propone un régimen especial para zonas consideradas estratégicas, como humedales, cuencas hídricas, costas, áreas naturales protegidas, cinturones hortícolas y territorios de agricultura familiar. En esos casos, cualquier operación con participación extranjera requerirá autorización previa de la autoridad provincial.
En los fundamentos, los legisladores sostuvieron que la provincia de Buenos Aires debe contar con herramientas propias para proteger sus recursos naturales y controlar la adquisición de tierras rurales. La iniciativa comenzará ahora su recorrido legislativo en la Cámara de Diputados bonaerense, donde deberá ser debatida antes de un eventual tratamiento en el recinto.