La discusión para eliminar el límite de 50 años exigido para acceder a un cargo titular en la docencia bonaerense volvió a ganar impulso en la Legislatura provincial. Esta vez fue el diputado de Fuerza Patria, Ricardo Lissalde, quien presentó un proyecto para modificar el Estatuto del Docente y eliminar la restricción etaria, sumándose a iniciativas impulsadas por legisladores de distintos espacios políticos.
La propuesta busca derogar el inciso e) del artículo 57 de la Ley 10.579, que establece como requisito para el ingreso como titular al sistema educativo provincial "poseer una edad máxima de 50 años".
Con esta presentación, ya son tres los proyectos que persiguen el mismo objetivo. Días atrás hicieron lo propio la diputada de Unión y Libertad, Sabrina Sabat, y el legislador de La Libertad Avanza, Luis Ontiveros, quienes también impulsan la eliminación del tope etario.
Uno de los principales fundamentos de las iniciativas es un fallo de la Suprema Corte de Justicia bonaerense que, el pasado 27 de marzo, declaró la inconstitucionalidad del límite de edad al considerar que vulnera los principios de igualdad y no discriminación.
El caso se originó a partir de la presentación de una docente de 53 años que cuestionó la imposibilidad de acceder a un cargo titular únicamente por superar la edad fijada en la normativa vigente.
En ese fallo, el máximo tribunal sostuvo que la diferencia establecida por la ley carece de una justificación objetiva y razonable.
En los fundamentos de su proyecto, Lissalde sostuvo que el Estatuto del Docente debe adecuarse a las transformaciones del sistema educativo y a la realidad laboral de quienes desarrollan la actividad.
El legislador también recordó que el límite originalmente era de 45 años y fue ampliado a 50 en una reforma aprobada en 2001, aunque consideró que actualmente esa restricción quedó desactualizada.
El debate legislativo también se da en un contexto de preocupación por la cobertura de cargos en distintas regiones de la provincia.
En ese marco, el senador Marcelo Leguizamón presentó un pedido de informes para que el Ejecutivo bonaerense detalle la situación de las renuncias de docentes y auxiliares, al advertir dificultades para cubrir vacantes y garantizar la continuidad pedagógica en algunos establecimientos.
De avanzar alguno de los proyectos, la provincia de Buenos Aires eliminaría uno de los requisitos históricos del Estatuto del Docente y adecuaría la normativa al criterio fijado recientemente por la Suprema Corte bonaerense.