El Senado de la provincia de Buenos Aires volvió a sesionar luego de varios meses sin actividad ordinaria y el primer encuentro del año estuvo atravesado por un fuerte intercambio entre el senador Sergio Berni y la presidenta del cuerpo, Verónica Magario.
La discusión surgió durante el tratamiento de las licencias de legisladores que ocupan cargos en otros organismos o funciones dentro del Ejecutivo bonaerense.
Berni cuestionó la situación reglamentaria de algunos permisos y planteó dudas sobre la cantidad de bancas activas y la validez de determinadas votaciones realizadas durante el período anterior.
“Estoy un poco mareado”, expresó el senador durante su intervención, al señalar que existían situaciones que, según su interpretación, debían ser revisadas para “poner en orden” el funcionamiento de la Cámara.
Ante los planteos de Berni, Magario respondió que algunas licencias ya habían sido aprobadas en sesiones anteriores y recordó que esas decisiones habían pasado por el tratamiento legislativo correspondiente.
El intercambio ocurrió luego de que el Senado avanzara con la renovación de la licencia de Florencia Saintout al frente del Instituto Cultural bonaerense y continuara con otros casos, entre ellos el del senador Gabriel Katopodis.
Berni insistió en que debía revisarse la situación general de todas las licencias y presentó una moción para regularizar los casos pendientes, aunque la propuesta no fue acompañada por la mayoría del cuerpo.
Más allá de la discusión interna, la sesión marcó el regreso formal de la actividad legislativa del Senado bonaerense y permitió el ingreso de iniciativas impulsadas por el gobernador Axel Kicillof.
Entre los proyectos enviados por el Ejecutivo provincial se encuentra la creación de un laboratorio bonaerense de medicamentos, una iniciativa que busca que la Provincia pueda producir fármacos esenciales.
También comenzó su recorrido el proyecto para crear un Sistema Integrado de Salud bonaerense y una propuesta vinculada a los trabajadores de plataformas digitales, conocida como “ley Rappi”, que apunta a establecer derechos laborales para repartidores y trabajadores de aplicaciones.
La vuelta a la actividad ordinaria se produjo luego de meses de negociaciones entre oficialismo y oposición por la conformación de las comisiones legislativas, uno de los puntos que había trabado el funcionamiento de la Cámara alta.
Durante la jornada también se aprobaron iniciativas vinculadas a accesibilidad en el transporte público, el registro provincial de datos genéticos de restos no identificados y otros proyectos legislativos.
El regreso de las sesiones dejó expuesta la tensión interna dentro del oficialismo bonaerense, en un año donde el Senado deberá debatir proyectos centrales para la gestión provincial.