El Gobierno lanzó retiros voluntarios en Parques Nacionales con impacto en Buenos Aires a través de un programa destinado al personal de planta permanente. La iniciativa forma parte del proceso de reorganización estatal impulsado por la gestión de Javier Milei y abre interrogantes sobre el funcionamiento de áreas protegidas en distintos puntos del país.
La medida quedó formalizada mediante la resolución 191/2026 de la Administración de Parques Nacionales (APN), publicada en el Boletín Oficial. La convocatoria está dirigida exclusivamente a trabajadores alcanzados por el régimen de estabilidad laboral previsto en la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional.
El esquema está destinado a agentes con al menos dos años de antigüedad dentro del organismo. Según el texto oficial, el objetivo consiste en optimizar la dotación de personal y avanzar hacia una estructura administrativa más eficiente.
La normativa establece una compensación económica equivalente al 90% de la remuneración bruta por cada año trabajado para quienes tengan hasta 60 años. En tanto, para los empleados de 61 años o más, el beneficio quedó fijado en el 85%.
Uno de los puntos centrales de la resolución indica que los puestos ocupados por quienes adhieran al programa serán eliminados de manera definitiva. La disposición precisó que esas funciones no podrán volver a cubrirse mediante ninguna modalidad de contratación o designación.
La decisión generó inquietud por el futuro de sectores técnicos, administrativos y operativos que cumplen tareas esenciales dentro de los parques nacionales. Entre ellos aparecen áreas vinculadas al mantenimiento, la logística, las compras, la gestión territorial y las comunicaciones.
En la provincia de Buenos Aires, la medida también alcanzó a los parques nacionales que dependen de la APN, como el Parque Nacional Campos del Tuyú y el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, espacios clave para la conservación de la biodiversidad y el desarrollo de actividades de investigación y educación ambiental.
Otro aspecto destacado del programa es la prohibición de reingreso al Sector Público Nacional durante cinco años para quienes acepten el retiro voluntario. De ese modo, el Estado limita la posibilidad de reincorporar personal capacitado en el corto plazo.
Mientras el Ejecutivo sostiene que la iniciativa busca agilizar la gestión y reducir costos administrativos, distintos sectores expresaron preocupación por las consecuencias que podría tener la disminución de recursos humanos en la administración y preservación de las áreas protegidas del país.