El gobierno de Axel Kicillof autorizó una inversión superior a los $40 millones para financiar capacitaciones sobre desarrollo de videojuegos en distintos municipios bonaerenses. La medida, oficializada a través del Boletín Oficial, volvió a poner en discusión las prioridades presupuestarias en un contexto marcado por reclamos de financiamiento en el sistema universitario.
La iniciativa fue impulsada por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires, que aprobó convenios con la Universidad Nacional de José C. Paz y la Universidad Nacional de General Sarmiento para desarrollar actividades de formación vinculadas a la industria tecnológica.
El acuerdo con la Universidad Nacional de José C. Paz contempla una transferencia de $23.203.950 para el diseño, la producción y el dictado de capacitaciones sobre desarrollo de videojuegos dentro del programa Centros Locales de Innovación y Cultura (CLIC).
Por su parte, la Universidad Nacional de General Sarmiento recibirá $17.640.000 para llevar adelante propuestas similares. Entre ambos convenios, el desembolso total alcanzará los $40.843.950.
Los recursos serán financiados con partidas presupuestarias de la cartera que conduce Augusto Costa, uno de los principales impulsores de las políticas vinculadas a la economía del conocimiento dentro de la administración bonaerense.
Según los fundamentos de las resoluciones, las actividades buscan promover espacios de innovación tecnológica y fortalecer capacidades locales relacionadas con la producción de contenidos digitales y el desarrollo de software.
Desde la Provincia destacaron además que ambas universidades ya participaron en experiencias similares. La Universidad Nacional de José C. Paz desarrolló capacitaciones en ocho municipios durante 2024 y 2025, mientras que la Universidad Nacional de General Sarmiento llevó adelante actividades en cinco distritos durante 2025.
La contratación se realizó mediante el régimen que reconoce a las universidades nacionales como organismos consultores preferenciales del Estado, una modalidad que permite la celebración de convenios directos sin necesidad de licitaciones tradicionales.
La decisión reactivó cuestionamientos sobre el destino de los recursos públicos en un escenario donde numerosas universidades nacionales vienen reclamando mayores partidas para afrontar gastos de funcionamiento, mantenimiento edilicio y actualización tecnológica.
Entre los planteos más frecuentes aparecen la necesidad de ampliar infraestructura, renovar equipamiento de laboratorios, fortalecer bibliotecas y garantizar mejores condiciones para estudiantes, docentes e investigadores.
Mientras el oficialismo sostiene que estas capacitaciones apuntan a fortalecer sectores estratégicos de la economía del conocimiento y generar nuevas oportunidades laborales, sectores críticos consideran que el desembolso vuelve a abrir el debate sobre cuáles deben ser las prioridades del gasto público en un contexto de recursos limitados.
La inversión ya quedó formalmente aprobada y se transformó en un nuevo foco de discusión política, al combinar dos temas sensibles: el financiamiento universitario y la apuesta estatal por industrias emergentes como la del desarrollo de videojuegos.