El senador bonaerense de La Libertad Avanza, Matías de Urraza, presentó un proyecto para derogar la Ley 12.573, una normativa que regula desde comienzos de la década de 2000 la instalación y funcionamiento de hipermercados, grandes superficies comerciales y cadenas de distribución en la provincia de Buenos Aires.
La propuesta apunta a eliminar un marco regulatorio que actualmente exige una serie de requisitos para la apertura, ampliación o modificación de establecimientos comerciales de gran escala, una herramienta que fue creada para equilibrar la competencia entre las grandes cadenas y los comercios minoristas.
La normativa fue impulsada en un contexto de fuerte crecimiento de los grandes supermercados durante los años noventa y quedó formalmente promulgada a fines de 2000.
Su objetivo fue establecer mecanismos de planificación comercial y territorial que permitieran evaluar el impacto de nuevos emprendimientos sobre la economía local, el desarrollo urbano y el entramado comercial de cada distrito.
En la práctica, cuando una cadena busca instalar un nuevo hipermercado en territorio bonaerense, debe cumplir con los requisitos establecidos por la ley y obtener la correspondiente factibilidad provincial.
Actualmente, además de la habilitación otorgada por cada municipio —que contempla cuestiones urbanísticas, de zonificación, tránsito, seguridad y uso del suelo—, los proyectos deben superar una evaluación provincial que analiza sus posibles efectos económicos, comerciales, sociales y urbanos.
De Urraza sostuvo que la eliminación de la normativa podría favorecer la llegada de nuevas inversiones privadas y facilitar la radicación de cadenas comerciales, centros logísticos y plataformas de distribución en distintos puntos de la provincia.
Según planteó, ciudades como Bahía Blanca, Mar del Plata, Tandil, Olavarría, Junín, Pergamino, Necochea y San Nicolás podrían beneficiarse especialmente con un esquema de menores regulaciones.
“La iniciativa forma parte de una agenda legislativa orientada a reducir regulaciones que desalientan inversiones privadas y afectan la competitividad bonaerense”, afirmó el legislador.
Además, estimó que una eventual derogación de la ley podría impulsar inversiones privadas por entre 1.500 y 4.000 millones de dólares y generar entre 85.000 y 165.000 puestos de trabajo directos e indirectos.
La intención de eliminar esta normativa no es nueva dentro de los sectores que promueven una menor intervención estatal en la actividad económica.
Sin embargo, la ley cuenta históricamente con el respaldo de entidades empresarias como la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA), que considera que la regulación cumple un rol importante en la protección del comercio minorista frente al avance de las grandes cadenas.
En la misma línea se ha expresado el actual Gobierno bonaerense, que mantiene una postura favorable a la continuidad de la normativa vigente.