Una medida judicial frenó el cierre de una sede del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en el Conurbano bonaerense y suspendió la posibilidad de vender un predio de 33 hectáreas. La resolución tiene una vigencia inicial de seis meses y representa un obstáculo para el plan de reorganización impulsado por el Gobierno nacional.
El fallo fue dictado por el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín, que hizo lugar a una acción de amparo presentada contra la Resolución 27/26 del organismo.
La normativa cuestionada dispuso la eliminación de la Estación Experimental Agropecuaria Área Metropolitana de Buenos Aires (EEA- AMBA) y de sus nueve agencias de extensión. Además, estableció el traspaso de los inmuebles a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para su posterior venta o subasta.
La decisión del juez Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto ordenó a las autoridades abstenerse de ejecutar medidas vinculadas con la supresión de funciones, el traslado de personal, la reasignación de edificios y la disposición de los bienes involucrados.
La cautelar también suspendió cualquier movimiento que implicara pases a disponibilidad, desvinculaciones de trabajadores, reubicación de equipos técnicos o modificaciones en las dependencias alcanzadas por la resolución.
El predio en cuestión se encuentra entre los partidos de Hurlingham e Ituzaingó y posee una superficie de 33 hectáreas. Por su ubicación estratégica dentro del área metropolitana, representa uno de los activos inmobiliarios más valiosos del organismo.
La medida judicial se produjo en medio del proceso de reducción de estructura que impulsa la administración del presidente Javier Milei sobre distintos organismos públicos.
El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, celebró la resolución y cuestionó la política de ajuste. “Sigan haciéndose los vivos y actuando al margen de la ley, que nosotros los vamos a seguir confrontando en todos los planos”, afirmó el dirigente sindical.
Según datos difundidos por el gremio, el INTA cuenta con alrededor de 50 mil hectáreas distribuidas en diferentes puntos del país, además de edificios y establecimientos ubicados en zonas de alto valor inmobiliario.
La resolución judicial también alcanzó a los empleados de la estructura afectada, ya que impidió eventuales despidos o traslados derivados de la reorganización administrativa.
En paralelo, el Gobierno nacional puso en marcha durante mayo un nuevo esquema de retiros voluntarios destinado al personal del organismo. La iniciativa forma parte del objetivo oficial de reducir cerca del 20% de una planta compuesta por aproximadamente 5.900 trabajadores.
Mientras la cautelar permanezca vigente, las autoridades del INTA no podrán avanzar con el cierre de la estación experimental ni con la transferencia de los inmuebles involucrados. El futuro de la medida dependerá ahora de la evolución del proceso judicial y de la resolución definitiva del amparo presentado.