El Gobierno nacional oficializó la designación de la Secretaría de Transporte como autoridad de aplicación del régimen que regula los servicios privados de movilidad y reparto prestados mediante plataformas tecnológicas.
La medida fue establecida a través del Decreto 407/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, y alcanza a empresas que operan mediante aplicaciones digitales como Uber, Cabify, DiDi, Rappi y PedidosYa, entre otras firmas del sector.
A partir de ahora, la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía, será la encargada de implementar, supervisar y aplicar el régimen específico destinado a los prestadores independientes que desarrollan actividades mediante plataformas tecnológicas.
La Secretaría de Trabajo continuará interviniendo únicamente en cuestiones vinculadas a eventuales convenios colectivos que puedan surgir dentro de la actividad.
La decisión se enmarca en los cambios introducidos por la reforma laboral sancionada por el Congreso, que creó un régimen específico para quienes trabajan a través de aplicaciones y excluyó expresamente esos vínculos de la Ley de Contrato de Trabajo.
De esta manera, el Gobierno ratificó el criterio de considerar a conductores y repartidores como trabajadores independientes alcanzados por una regulación particular, diferenciada del régimen laboral tradicional.
En los fundamentos del decreto, el Poder Ejecutivo sostuvo que la regulación de estas actividades debe quedar bajo la órbita de Transporte debido a que su naturaleza principal está vinculada a la movilidad de pasajeros y a la logística de distribución de bienes.
Según el texto oficial, el objetivo es otorgar mayor previsibilidad regulatoria a una actividad que registró un fuerte crecimiento en los últimos años y que fue escenario de debates judiciales y legislativos sobre la relación entre las plataformas y quienes prestan servicios a través de ellas.
La denominada economía de plataformas se consolidó en los últimos años como una de las principales modalidades de trabajo independiente vinculadas al transporte urbano y al reparto de mercaderías.
Con la entrada en vigencia del nuevo esquema, la supervisión de la actividad quedará centralizada en un organismo con competencias específicas en materia de transporte y logística, mientras continúa el debate sobre las condiciones laborales de miles de conductores y repartidores que operan mediante aplicaciones en todo el país.