Provincia volvió a postergar la aplicación de la polémica resolución sobre agroquímicos

La provincia de Buenos Aires volvió a prorrogar la suspensión de la resolución 246/18, la controvertida normativa sobre aplicación de agroquímicos impulsada durante la gestión de María Eugenia Vidal y frenada tras fuertes cuestionamientos de organizaciones ambientalistas y distintos sectores sociales.

La medida fue oficializada este viernes a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial y extiende por otros 120 días una suspensión que permanece vigente desde 2019. Según informó el Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense, el plazo adicional permitirá continuar con el desarrollo del Sistema de Gestión Integral de la Receta Agronómica Obligatoria (Sigirao) y avanzar en la elaboración de un protocolo específico para fumigaciones en zonas de amortiguamiento y áreas sensibles.

Con esta nueva decisión, ya son 30 las prórrogas de una normativa que, a más de ocho años de haber sido dictada, todavía no logró entrar en vigencia plena.

Desde la cartera que conduce Javier Rodríguez señalaron que continúan las mesas de trabajo técnicas y el relevamiento de ordenanzas municipales para intentar establecer criterios comunes sobre la utilización de agroquímicos en territorio bonaerense. También destacaron el avance de sistemas de georreferenciación que permiten identificar restricciones vigentes en distintos distritos.

La resolución recuerda además la creación, en 2020, del Observatorio Técnico de Agroquímicos, organismo encargado de reunir información científica y técnica sobre el uso de estos productos y sus posibles efectos.

La normativa 246/18 había generado una fuerte polémica desde su publicación debido a que no fijaba distancias mínimas de exclusión para fumigaciones y limitaba las restricciones cerca de escuelas únicamente al horario escolar. Tras el rechazo de organizaciones ambientalistas y distintos fallos judiciales, el propio gobierno de Vidal decidió suspender su aplicación en 2019 y convocar a una mesa interdisciplinaria para revisar el esquema.

Desde entonces, la Provincia no logró consensuar una solución definitiva sobre uno de los debates más sensibles vinculados a la producción agropecuaria y el impacto ambiental.