El Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires expresó su preocupación ante los proyectos que buscan modificar aspectos centrales de la Ley de Etiquetado Frontal, especialmente aquellos vinculados a la eliminación de los octógonos negros de advertencia en alimentos y la flexibilización de las restricciones publicitarias dirigidas a niños y adolescentes.
Desde la entidad remarcaron que la normativa representa “una política pública construida sobre evidencia científica” y respaldada por organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Además, sostuvieron que garantiza el acceso a información clara y accesible sobre la composición de los productos alimenticios.
La presidenta del Colegio, Laura Salzman, aseguró que “lo que está en riesgo no es solo el etiquetado frontal, sino un conjunto de políticas públicas vinculadas a la promoción de una alimentación saludable”.
En ese sentido, explicó que los sellos negros permiten identificar rápidamente excesos de azúcares, sodio, grasas y calorías, componentes asociados a enfermedades crónicas no transmisibles que hoy representan uno de los principales problemas sanitarios del país.
“La eliminación de los sellos es un golpe al derecho de la población a conocer qué está consumiendo”, afirmó Salzman, al tiempo que destacó que el sistema de advertencias simplifica información nutricional compleja y facilita decisiones de consumo más conscientes.
Los nutricionistas bonaerenses señalaron además que distintas investigaciones técnicas demuestran que el etiquetado frontal es una de las herramientas más eficaces para aumentar la percepción de riesgo y disminuir la intención de compra de productos poco saludables.
También advirtieron que retroceder en estas políticas afectaría especialmente a niños, niñas y adolescentes, al quedar más expuestos a estrategias de marketing alimentario.
“Defender el etiquetado frontal es defender el derecho a saber qué comemos”, remarcaron desde el Colegio, y subrayaron que la alimentación “no es solo una elección individual, sino una cuestión de salud pública y de acceso equitativo a la información”.