Intendentes, concejales y dirigentes de distintos municipios bonaerenses acordaron realizar un “frazadazo” frente al Senado de la Nación para rechazar el proyecto que reduce el régimen de Zona Fría y elimina subsidios al consumo de gas natural en gran parte de la provincia de Buenos Aires.
La decisión fue tomada durante una reunión realizada en Villa Gesell, convocada por el intendente Gustavo Barrera, donde también se consensuó un documento con fuertes críticas a la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional y que ya cuenta con media sanción de Diputados.
La protesta se llevará adelante el mismo día en que el Senado trate el proyecto y podría sumar representantes de otros municipios afectados por la medida, que alcanzaría a 94 distritos bonaerenses.
Según vienen advirtiendo distintos sectores políticos y económicos, la modificación del régimen provocaría aumentos de entre el 40% y el 100% en las facturas de gas para alrededor de 1,3 millones de usuarios en la provincia.
Tras el encuentro, los dirigentes difundieron un comunicado en el que calificaron la medida como “una decisión profundamente injusta, insensible y centralista” y alertaron sobre las consecuencias económicas que podría generar en las localidades alcanzadas.
“El aumento golpearía a cada familia puertas adentro, pero también al almacén, al hotel, al club, al centro de jubilados, al comercio de barrio y a cada economía local”, señalaron en el texto.
Además, remarcaron que el régimen de Zona Fría “reconoce una realidad concreta” vinculada a las bajas temperaturas, la humedad y el mayor consumo de gas que registran las ciudades de la región durante gran parte del año.
De la reunión participaron dirigentes de General Pueyrredón, Tandil, General Madariaga, Balcarce, Maipú, Lobería, Pinamar, Dolores, Mar Chiquita y Necochea, entre otros distritos. También estuvieron presentes la diputada nacional Jimena López y el exintendente de Mar del Plata Gustavo Pulti.
En paralelo, el gobierno bonaerense de Axel Kicillof analiza avanzar con una presentación judicial contra la medida, bajo el argumento de que afecta competencias provinciales vinculadas a la regulación tarifaria.