El Gobierno de Axel Kicillof cuestionó la decisión de la administración de Javier Milei de poner en disponibilidad a trabajadores de las unidades turísticas de Chapadmalal y Embalse. La medida alcanzó a más de 70 empleados de planta permanente y profundizó el conflicto por el cierre de los complejos de turismo social.
La resolución fue oficializada este martes mediante una publicación en el Boletín Oficial. El texto dispuso el pase a disponibilidad por seis meses de personal dependiente de la Jefatura de Gabinete, en el marco de una reestructuración administrativa impulsada por el Decreto 269/2026.
Según denunciaron trabajadores del complejo de Chapadmalal, unas 50 personas permanecían en una situación de incertidumbre desde el cierre total de las instalaciones en 2025. A ese escenario se sumó ahora la posibilidad de desalojos para familias que ocupaban viviendas vinculadas a sus tareas laborales.
La administración nacional ya había decidido en 2024 discontinuar el sostenimiento de los complejos turísticos de Chapadmalal y Embalse, en Córdoba. Luego, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, respaldó el avance de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para impulsar transferencias a operadores privados.
Desde la Provincia señalaron que la política nacional implicó un fuerte retroceso en materia de turismo social. También advirtieron sobre el impacto laboral y patrimonial que generó el cierre de espacios históricos vinculados al acceso popular al descanso y las vacaciones.
El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, Augusto Costa, criticó la medida a través de una publicación en la red social X. Allí sostuvo que el Gobierno nacional avanzó con “un plan sistemático de privatización y vaciamiento” de los complejos turísticos.
El funcionario recordó que las unidades de Chapadmalal y Embalse fueron declaradas Monumentos Históricos Nacionales y remarcó que representaron “más de 80 años de historia y conquista del turismo social”. Además, afirmó que esos espacios nacieron para “democratizar el bienestar”.
Costa también cuestionó el Decreto 216/2025, al considerar que eliminó la obligación estatal de sostener políticas de turismo social. Según indicó, mientras en 2023 los complejos recibieron más de 84 mil visitantes, durante 2025 y 2026 no registraron turistas.
El ministro bonaerense volvió a reclamar la transferencia de los hoteles y bienes del complejo a la administración provincial. “Si la Nación abandona sus responsabilidades, la Provincia defiende el patrimonio de los argentinos”, afirmó el dirigente cercano a Axel Kicillof.