La Legislatura bonaerense comenzó a debatir un proyecto que propone que el Banco Provincia actúe como garante de alquileres para estudiantes universitarios que cursen carreras en universidades públicas y no cuenten con respaldo económico o garantías tradicionales para acceder a una vivienda.
La iniciativa fue presentada por el diputado Juan Malpeli, de Fuerza Patria, y plantea la creación de un sistema de seguros de caución estatales destinado a facilitar el acceso al alquiler en ciudades universitarias de la provincia de Buenos Aires.
El esquema prevé que el Banco Provincia respalde contratos de locación mediante un mecanismo de securitización estatal. De esa manera, los jóvenes podrían acceder a una garantía formal aun sin poseer propiedades ni avales familiares en territorio bonaerense.
Según explicó el legislador en los fundamentos del proyecto, muchos estudiantes del interior enfrentan dificultades para alquilar debido a la falta de garantías inmobiliarias y a las exigencias económicas que suelen imponer las alternativas bancarias disponibles.
Malpeli sostuvo además que la población universitaria tiene un impacto importante en las economías locales a través del consumo en sectores como gastronomía, indumentaria, librerías y entretenimiento.
La propuesta establece que el Banco Provincia responderá como garante frente al propietario del inmueble una vez aprobado el seguro de caución. Sin embargo, también aclara que, en caso de incumplimiento del contrato, el estudiante beneficiario deberá responder ante la entidad bancaria.
El texto indica que podrán acceder al beneficio ciudadanos argentinos nativos o naturalizados de hasta 25 años que estudien en universidades públicas bonaerenses.
Entre los requisitos, los solicitantes deberán acreditar la inscripción inicial en la carrera y presentar anualmente la constancia de alumno regular para mantener vigente la garantía.
Además, el proyecto limita el alcance del sistema a inmuebles de hasta 60 metros cuadrados. Según explicó el autor de la iniciativa, el objetivo es orientar la asistencia estatal hacia viviendas medianas destinadas específicamente a estudiantes universitarios.