La relación entre Axel Kicillof y la Corte bonaerense atraviesa un nuevo episodio de tensión luego de que el máximo tribunal reavivara el reclamo por fondos y cargos clave. La iniciativa vuelve a colocar en agenda la discusión sobre el funcionamiento del sistema judicial en la provincia.
El planteo se centró en dos ejes principales: la necesidad de avanzar en la cobertura de vacantes y el impulso de un proyecto de autarquía económica. Actualmente, la Corte funciona con solo tres de los siete ministros que establece la ley, lo que impacta en su operatividad.
El presidente del tribunal, Sergio Torres, junto a Hilda Kogan y Daniel Soria, expresó la preocupación por las más de 200 vacantes pendientes en distintos fueros. Además, contaron con el respaldo del procurador general, Julio Conte Grand, en la exigencia dirigida al Ejecutivo y al Senado.
Desde el ámbito judicial advirtieron que la falta de designaciones dejó de ser un problema administrativo para convertirse en una debilidad institucional. En ese marco, señalaron que la situación condiciona la capacidad de respuesta del sistema ante la demanda creciente.
El contexto también incluye versiones sobre diferencias políticas tras el recambio en la presidencia del tribunal. La llegada de Torres al frente de la Corte coincide con una etapa de mayor exposición pública de los reclamos.
El eje económico ocupa un lugar central en la discusión. Para 2026, el presupuesto del Poder Judicial alcanzó los $1.755.396.177.000, aunque la mayor parte se destinó a salarios. Este esquema, administrado por el Ejecutivo, genera cuestionamientos dentro de la Justicia.
En ese escenario, la Corte avanza con un proyecto de autonomía presupuestaria. La iniciativa propone que el propio Poder Judicial elabore su presupuesto y administre recursos sin depender de la asignación del Gobierno provincial.
Desde la administración bonaerense, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, remarcó que las designaciones son una facultad del gobernador. A su vez, el ministro de Economía, Pablo López, transmitió a los magistrados las limitaciones financieras que enfrenta la provincia.
En paralelo, la Corte aprobó una modificación en el régimen salarial que impacta en magistrados, funcionarios y agentes. La medida incluye nuevas subcategorías vinculadas a la antigüedad y un esquema progresivo de incrementos.
La decisión abre interrogantes sobre su implementación en un contexto de restricciones presupuestarias. También alimenta interpretaciones sobre el grado de autonomía que busca ejercer el Poder Judicial.
Mientras tanto, el proyecto de autarquía suma respaldo institucional, aunque su futuro dependerá de acuerdos políticos con el Ejecutivo y el Legislativo. Distintas voces consideraron que se trata de una iniciativa ambiciosa que podría extender su tratamiento en el tiempo.
El escenario deja expuesta una relación atravesada por negociaciones y diferencias, en la que los reclamos judiciales y las limitaciones económicas delinearon un equilibrio inestable dentro de la estructura institucional bonaerense.