Los colegios privados con aporte estatal de la provincia de Buenos Aires aplicarán desde mayo un aumento del 3,5% en sus cuotas, tras la autorización de la Dirección General de Cultura y Educación.
La medida alcanza a instituciones de gestión privada subvencionadas y se enmarca en el esquema de actualización de aranceles, en un contexto de suba de costos que afecta al sistema educativo.
Cuánto podrán cobrar
Con la actualización, los valores máximos autorizados varían según el nivel educativo y el porcentaje de aporte estatal. En primaria, las cuotas podrán llegar hasta $34.030 en escuelas con el 100% de subvención y hasta $153.860 en aquellas con el 40%.
En secundaria, los topes serán de $37.520 con subvención total y de hasta $199.920 para instituciones con menor aporte estatal. Para las secundarias técnicas, agrarias y artísticas, los montos alcanzarán hasta $43.250 y $228.800 respectivamente.
En tanto, el nivel superior podrá cobrar entre $49.020 y $195.280, según el esquema de financiamiento.
Costos en alza y presión sobre el sistema
Desde el sector privado advierten que el incremento busca compensar parcialmente el aumento de los costos operativos, especialmente salarios docentes, servicios y cargas impositivas.
Según plantean desde Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina, los aumentos autorizados quedan por debajo de la evolución salarial, lo que genera un desfasaje en la estructura de ingresos de las instituciones.
En ese marco, algunas entidades alertan sobre posibles dificultades para sostener servicios o mantener la oferta educativa si continúa la presión económica.
Diferencias con otras jurisdicciones
La actualización en la provincia de Buenos Aires se ubica por debajo de la autorizada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde el incremento llega hasta el 5% para el mismo período, lo que refleja distintas estrategias frente al mismo escenario económico.
Transparencia en la información
Desde la Provincia recordaron que las instituciones deben detallar en las facturas el porcentaje de aporte estatal que reciben, con el objetivo de garantizar claridad en la composición de las cuotas.