La Provincia activó protocolos tras más de 500 amenazas en escuelas

La provincia de Buenos Aires enfrenta un escenario de alta preocupación tras la detección de más de 500 amenazas de tiroteos en escuelas públicas y privadas distribuidas en distintos distritos. Frente a esta situación, el Gobierno bonaerense definió endurecer su respuesta y encuadrar estos hechos como delitos, descartando que se trate de simples conductas juveniles.

Desde la administración provincial señalaron que las amenazas serán abordadas bajo la figura de intimidación pública y que las autoridades escolares tienen la obligación de denunciarlas. En esa línea, remarcaron que no se trata de “travesuras” sino de acciones que alteran el orden público y requieren intervención judicial.

En paralelo, se activaron protocolos preventivos y de actuación en todo el territorio. En varios municipios ya se dispuso la presencia policial en las inmediaciones de las escuelas afectadas, con el objetivo de llevar tranquilidad a la comunidad educativa y prevenir situaciones de riesgo.

Uno de los casos se registró en Olavarría, donde tras detectarse amenazas se radicaron denuncias y se pusieron en marcha operativos específicos. A pesar del contexto, las autoridades definieron que los establecimientos continúen abiertos y con clases normales, reforzando las tareas de contención.

Como parte de las medidas, durante el inicio de la jornada escolar se trabaja con los estudiantes sobre la gravedad de este tipo de hechos, explicando que se trata de delitos que pueden tener consecuencias penales. Además, se impulsarán encuentros con familias para informar sobre los protocolos vigentes y generar espacios de diálogo.

El abordaje incluye también la participación de equipos técnicos y autoridades educativas, que acompañan a las instituciones para dar una respuesta integral a una problemática que combina aspectos sociales, educativos y de seguridad.

Desde el sistema educativo advirtieron que el fenómeno no es aislado y se replica en distintos puntos del país, por lo que insistieron en la necesidad de un tratamiento responsable. La preocupación radica en el impacto que estas amenazas generan en la comunidad y en la necesidad de actuar con firmeza para evitar su propagación.