Amenazas en colegios bonaerenses: un alumno quedó imputado y hay más casos

La seguidilla de amenazas de tiroteos en escuelas continúa creciendo en la provincia de Buenos Aires y mantiene en alerta a comunidades educativas enteras. Padres, docentes y estudiantes viven jornadas de preocupación mientras avanzan las investigaciones judiciales, que ya identificaron a varios responsables y derivaron en al menos una imputación.

Uno de los casos más avanzados se registró en Mar del Plata, donde un adolescente de 17 años fue señalado como autor de una amenaza en el Instituto Fray Mamerto Esquiú. El mensaje, escrito en un baño del establecimiento, advertía sobre un supuesto ataque. Tras tareas de análisis digital, los investigadores lograron identificarlo y quedó imputado por el delito de intimidación pública, bajo la intervención del fiscal Walter Martínez Soto. En esa ciudad, además, se contabilizan varias denuncias similares.

En La Plata, en medio del clima de tensión, un estudiante de quinto año fue demorado luego de concurrir a su escuela con dos armas: una de juguete y un rifle de aire comprimido. El episodio ocurrió en el colegio Nuestra Señora de Luján y activó un operativo policial. El alumno y su familia fueron trasladados a una dependencia policial, mientras se aplicaron los protocolos correspondientes.

La capital bonaerense es uno de los focos principales de esta problemática. Allí se registraron amenazas en múltiples instituciones, tanto primarias como secundarias, y las autoridades confirmaron que varios alumnos fueron identificados como presuntos autores. Situaciones similares se replicaron en distritos como Ensenada, Pilar, 25 de Mayo, Cañuelas, Balcarce y Bahía Blanca, donde también se iniciaron actuaciones judiciales.

Las modalidades varían entre pintadas en baños, mensajes escritos y publicaciones en redes sociales con advertencias explícitas. Frente a este escenario, se desplegó un esquema de trabajo conjunto entre fuerzas de seguridad, autoridades educativas y fiscales. Se reforzó la presencia policial en establecimientos, se intensificó el monitoreo digital y se activaron protocolos preventivos.

En paralelo, desde el sistema educativo se impulsa el abordaje del tema dentro de las aulas, con el objetivo de contener a los estudiantes y desactivar la circulación de este tipo de conductas.

Entre las hipótesis que manejan los investigadores aparece la posibilidad de un “reto viral” entre adolescentes, que incluiría desde la exhibición de armas —reales o simuladas— hasta la difusión de amenazas. Otra línea vincula estos hechos con prácticas similares a las antiguas amenazas de bomba, orientadas a generar interrupciones en la actividad escolar.

Más allá de las motivaciones, las autoridades coinciden en que se trata de delitos que alteran el orden público y pueden tener consecuencias penales. La problemática, que también se registró en otros puntos del país y en países vecinos como Uruguay, Chile y Paraguay, sigue bajo investigación.