Una denuncia judicial por presunto lavado de dinero y pago de coimas en el sistema de fotomultas puso en el centro de la escena al ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, y al empresario Leandro Camani, señalados como piezas clave de una estructura que habría manejado millones de pesos.
La investigación, impulsada por el fiscal federal Guillermo Marijuan, describe un entramado que involucraría empresas privadas, universidades públicas y municipios para operar el sistema de fotomultas por fuera de los mecanismos habituales de control.
Según el dictamen, Camani habría sido el principal articulador de la maniobra a través de las firmas Secutrans S.A. y Tránsito Seguro S.A., con las que firmaba convenios con universidades para evitar procesos de licitación.
El objetivo, de acuerdo a la presentación judicial, era “lavar dinero para poder pagarles coimas a los funcionarios públicos” a cambio de controlar la recaudación de multas en distintos puntos del país.
En ese contexto, el nombre de Marinucci aparece vinculado a una posible asociación ilícita junto a Camani y Diego Alfredo Lepera.
La denuncia también menciona una presunta connivencia de funcionarios de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y de la Secretaría de Transporte de la Nación, lo que amplía el alcance político del caso.
El esquema incluía convenios con la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y su fundación FUNINTEC, que funcionaban como intermediarias.
A partir de esos acuerdos, los municipios delegaban la gestión del sistema de fotomultas, mientras que la fundación subcontrataba directamente a las empresas vinculadas a Camani.
El reparto de fondos —70% para la estructura universidad-empresa y 30% para los municipios— es señalado como una de las claves del presunto desvío de dinero.
Como ejemplo del volumen de fondos, la investigación menciona que La Matanza transfirió más de $3.758.000.000 a FUNINTEC entre enero y septiembre de 2024.
Marijuan pidió avanzar con el encuadre por lavado de dinero, informes patrimoniales, reportes a la UIF y posibles allanamientos para profundizar la investigación.
La causa podría unificarse con otros expedientes en la justicia federal y ya genera fuerte impacto político, al involucrar directamente a funcionarios en actividad y a un empresario señalado como el eje del presunto esquema.