El exministro Jorge D´Onofrio complicado por lavado, fotomultas truchas y testaferros

El exministro de Transporte bonaerense Jorge D´Onofrio fue imputado por delitos graves que incluyen fraude, cohecho y enriquecimiento ilícito, en una causa que revela un sistema de corrupción estructural vinculado a la Verificación Técnica Vehicular, fotomultas ilegales y financieras sin habilitación operando desde hoteles de lujo.

La investigación, encabezada por el juez federal de Campana Adrián González Charvay y el fiscal platense Álvaro Garganta, derivó en nuevos análisis realizados por Prefectura en oficinas y financieras que funcionaban en la ciudad de Buenos Aires. En esos procedimientos se secuestraron $205 millones, 425 mil dólares, 4.600 euros y 112 mil reales, todos en efectivo.

Uno de los operativos tuvo lugar en una financiera que realizaba transacciones sin autorización del Banco Central de la República Argentina (BCRA) ni de la Comisión Nacional de Valores (CNV). Según las pericias, allí cobraban sueldos empleadas de una peluquería del Hotel Sheraton de Pilar, propiedad de la exconcejal Claudia Pombo, también imputada.

Red de testaferros, CECAITRA y fotomultas irregulares

La causa revela un entramado que involucra a empresarios, barrabravas, exjueces y funcionarios del Ministerio de Transporte. Entre ellos, Mario Quattrochi, exjuez de Faltas de La Plata, Pablo Sanguinetti y Tomás Uthurriague, exdirectores provinciales.

Uno de los ejes más sensibles es el accionar de CECAITRA, una falsa cámara de empresas que operaba con aval ministerial para emitir fotografías sin respaldo legal. Las infracciones eran luego anuladas o resultados con gestores y jueces cómplices a cambio de sobornos en negro, que, según la causa, oscilaban entre el 25% y el 50% del monto.

La imputación incluye además un esquema de recaudación paralela con concesiones otorgadas a empresas ligadas a funcionarios, a través de la firma Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica SA, contratada con comisiones del 8,5% más IVA por cada transacción.

Imputaciones formales y penas no excarcelables

El dictamen del fiscal Álvaro Garganta desarrolló la imputación formal del exministro Jorge Alberto D´Onofrio como partícipe necesario de fraude, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito, y como autor de cohecho pasivo. Las penas previstas, en concurso real, van de 2 a 10 años de prisión, lo que tornará difícil una eventual excarcelación.

También fueron imputados Sebastián Desio, presidente de Soluciones en Telecomunicaciones, y Bernardino García, de CECAITRA, por delitos como cohecho y exacciones ilegales agravadas.

La concejal Claudia Pombo, ex presidenta del Honorable Concejo Deliberante de Pilar, aparece implicada no solo por sus vínculos con la financiera ilegal, sino también por antecedentes: ya posee una condena previa por malversación de caudales públicos, según consta en los registros judiciales.

La causa original fue iniciada en octubre de 2023, y tiene como origen una denuncia presentada por Matías Yofe, referente de la Coalición Cívica de Pilar, quien aseguró que el montaje de las financieras servía para “licuar” los recursos desviados del sistema de tránsito bonaerense.

El expediente avanza con velocidad y suma pruebas cada semana. Los nexos entre exfuncionarios, empresarios y operadores ilegales están en la mira, mientras crecen las expectativas sobre nuevas detenciones en una trama que exponen uno de los mayores escándalos de corrupción en la gestión provincial reciente.