La Provincia busca recuperar un fondo para obras de gas que fue eliminado de la factura

Una de las recientes medidas de ajuste implementadas por el Gobierno Nacional afecta tanto a las provincias como a los municipios. En esencia, se ha prohibido que las empresas distribuidoras de gas y electricidad incluyan en sus facturas cargos no vinculados directamente al servicio que prestan. Frente a esta restricción, la Provincia busca encontrar una solución.

A través de la Resolución 625/24, publicada en octubre del año pasado, el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) estableció que las distribuidoras de gas deben eliminar de sus facturas cualquier concepto ajeno al servicio que proporcionan.

Esta medida impactó negativamente al gobierno bonaerense, que financiaba el Fondo Especial para Obras de Gas, creado por la Ley 8474. Las empresas Litoral Gas SA y Camuzzi Gas Pampeana SA notificaron a la Dirección Provincial de Energía que debían suprimir de sus facturas el gravamen del 9% destinado al financiamiento de dicho fondo.

Como resultado, el gobierno de la provincia de Buenos Aires perdió “recursos esenciales para el desarrollo de obras”. Según el Ministerio de Infraestructura, el Fondo Especial para Obras de Gas había sido clave para “expandir la construcción de redes, plantas de medición y reducción, y gasoductos”.

En respuesta, el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, firmó la Resolución 1221, que instruye al Fiscal de Estado de la provincia para que inicie las acciones judiciales necesarias para asegurar la continuidad del impuesto establecido por la Ley 8474. De manera similar, los intendentes que también perdieron la capacidad de cobrar tasas municipales a través de las facturas de gas y electricidad están tomando medidas para recuperar esos ingresos.