
La inmensa mayoría de los cerca de 35 mil corredores inmobiliarios que forman parte de todos los colegios profesionales de la Argentina parecen no reaccionar mientras el sector atraviesa un momento bisagra. El silencio ante la intención del Gobierno nacional de desregular el mercado inmobiliario parece indicar que se trata de una suerte de “muerte anunciada”.
Los pocos martilleros colegiados que se refieren al tema y que analizan este momento histórico para la profesión afirman que “los Colegios caen por su propio peso”: como el dragón que se come su propia cola en un esfuerzo inútil, las instituciones que hoy son cuestionadas por personas incluso ajenas al sector se obstinaron en mantener un status quo arcaico y eso parece haberlas condenado a la irreversible crisis actual.
En ese sentido, quienes más conocen el sector inmobiliario argentino reconocen cuatro deficiencias que condujeron a los Colegios a fomentar su propia caída:
● Corrupción y persecución: con dirigentes que en muchos casos llevan más de 20 años en sus cargos, la falta de alternancia derivó en la degeneración de los valores que impulsaron en un comienzo el nacimiento de los Colegios de Corredores y Martilleros. Además de casos escandalosos –como los de los colegios que actuaron en connivencia con las famosas “ligas” ilegales de compradores que dominaban las subastas judiciales de inmuebles, cuyo caso paradigmático es Mar de Plata–, diversos presidentes de los colegios profesionales comenzaron hace unos años una “lucha contra las franquicias” y fueron inescrupulosos a la hora de frenar el avance de un nuevo modelo de negocios en el sector. En todos los casos, los matriculados que eligieron trabajar con empresas que brindan servicios inmobiliarios complementarios fueron hostigados y perseguidos por los Colegios, que incluso echaron mano a métodos deshonestos.
● Barreras y apuesta por el retroceso: además de que la Argentina es el único país del mundo que exige un título universitario para ejercer la función de corredor inmobiliario, los profesionales han experimentado una pauperización de su condición. La matriculación de los corredores inmobiliarios no garantiza un sostén cotidiano por parte de los Colegios ni ningún tipo de contraprestación positiva que permita el desarrollo sustentable de la profesión. Los profesionales advierten que todo se reduce a capacitaciones menores y obsoletas, mientras se apuesta por frenar la tecnologización de los procesos laborales y minimizar la transparencia. Asimismo, denuncian que las dirigencias no ofrecen políticas para la inserción en el mercado de los recién recibidos. “Los incentivos deben estar puestos en mejorar la capacitación y la calidad del servicio, no en mantener estructuras burocráticas obsoletas”, advirtió el CEO de Pint, Jorge Amoreo Casotti.
● Costos de ejercer la profesión: la obligatoriedad de estar dentro de un Colegio hace que los corredores deban pagar, en promedio, 3.000.000 de pesos para obtener su matrícula, más de 600 mil pesos de cuota anual y dos millones de aportes; además de alrededor de un 6% de las comisiones totales por las operaciones realizadas. Tal como subrayan los profesionales, en contrapartida, los Colegios no dan ningún servicio ni valor agregado, mientras que la jubilación es “paupérrima".
● Despilfarro y lobby: además de la corrupción por la que algunos dirigentes han sido investigados por la Justicia, los Colegios arrastran años de gastos innecesarios que agigantan y evidencian la falta de servicios apropiados para los matriculados. En diversos episodios, los profesionales han alzado la voz para criticar las millonarias inversiones en buscadores online propios que no están a la altura de los mega buscadores exitosos. Asimismo, cada revés judicial en la lucha contra las franquicias significó pérdidas millonarias para los Colegios. Al mismo tiempo, los dirigentes dispusieron sin escrúpulos de los presupuestos para hacer lobby en diferentes municipios y sus concejos deliberantes. El objetivo siempre estuvo puesto en forzar la promulgación de ordenanzas que les permitieran seguir manteniendo el status quo, aunque sea al precio de empujar a los municipios a aprobar iniciativas que cruzaron límites inconstitucionales.
En las últimas décadas, las dirigencias de los Colegios de Corredores y Martilleros se han protegido a sí mismas y se han alejado cada vez más de los profesionales que dicen defender y, especialmente, de la sociedad. Los ciudadanos que hoy observan el proyecto de desregulación del sector inmobiliario que propone el Gobierno también advierten que fueron las propias incongruencias y errores de los Colegios los que los obligan hoy a remar contracorriente.