martes 14 de enero de 2025 - Edición Nº2232

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Política

Comenzarán los exámenes de idoneidad para empleados públicos en el conurbano bonaerense

A pesar de la resistencia de los gremios, el Gobierno Nacional avanza con sus exámenes de idoneidad para trabajadores estatales.



El Gobierno Nacional avanza con su plan de implementar exámenes de idoneidad para los trabajadores estatales de la administración pública. Este jueves, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado aprobó el reglamento para estas evaluaciones y ofreció más detalles sobre su implementación.

Según la Resolución 26 publicada en el Boletín Oficial, la cartera encabezada por Federico Sturzenegger aprobó el "reglamento para la evaluación general de conocimientos y competencias". En esta fase inicial, la evaluación se llevará a cabo en organismos y dependencias del conurbano bonaerense, lo que incluye a la Ciudad de Buenos Aires, así como a las ciudades de La Plata, Berisso y Ensenada. Esta será la primera etapa del proceso, que luego podría expandirse a otras regiones del país.

Como se había informado previamente, el Gobierno Nacional planea aplicar una prueba de idoneidad a unos 40 mil empleados públicos de la planta transitoria y contratados, excluyendo a personas con discapacidad. Aunque la medida ha sido presentada como una evaluación de competencias, los gremios denuncian que su verdadero objetivo podría ser cesantear a aquellos que no aprueben la prueba, aunque aún no está del todo claro si esta será la consecuencia final.

Para aprobar la prueba, los empleados públicos o aspirantes deberán obtener una puntuación mínima de 60 puntos. Esto significa que, en una evaluación de 20 preguntas, deberán responder correctamente al menos 12. La prueba se realizará de forma virtual, y la nota se informa automáticamente después de la entrega de la evaluación. Si el empleado aprueba, podrá descargarse un certificado de aprobación.

En caso de no aprobar, no se especifica qué consecuencias tendrá, pero se establece que cada trabajador podrá rendir hasta tres intentos por año para obtener la aprobación. Esta modalidad de evaluación ha generado preocupación entre los sindicatos, que temen que pueda resultar en despidos, aunque el Gobierno aún no ha dado detalles sobre los efectos de los resultados negativos.

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