Denuncian que empleados municipales estaban "cedidos" al sindicato

El prolongado conflicto entre el Sindicato de Trabajadores Municipales de Olavarría y el intendente Maximiliano Wesner sumó un nuevo capítulo este jueves, con una inesperada denuncia presentada por las autoridades locales, que involucra tanto al gremio que lidera José Stuppia como a la anterior gestión de Ezequiel Galli.

A través de un comunicado oficial, el gobierno municipal informó que 42 personas que "estaban cedidas" por la gestión anterior al Sindicato de Municipales "deberán regularizar su situación" en las próximas semanas.

La cantidad de personas habría sido mayoral inicio de la gestión, según se desprende de los resultados de una auditoría. "Se constató una nómina de 73 personas que eran empleados municipales y que no prestaban servicio en ninguna dependencia estatal sino que estaban a disposición del Sindicato de Trabajadores Municipales de Olavarría producto de una concesión otorgada por la gestión anterior" explicaron.

Los datos provienen de una auditoría iniciada en diciembre. Al comienzo de la gestión, 73 personas figuraban como trabajadores municipales, aunque no prestaban servicios en el municipio, sino en el Complejo Sindical Recreativo y otros espacios como "La Mutual". Ante esta situación, la actual administración decidió avanzar en la regularización de este personal.

De los 73 trabajadores detectados en diciembre, 21 fueron dados de baja por diversas razones, y 10 ya fueron reubicados en sus puestos correspondientes. En cuanto a los 42 empleados restantes que se encontraban en una situación irregular, 16 son miembros de la comisión directiva del gremio, quienes nunca gestionaron la licencia gremial ni cumplen tareas en el municipio, lo que configura una ausencia injustificada. Los otros 26 trabajadores están siendo entrevistados a diario y serán reubicados en función de las necesidades del municipio.

Cabe destacar que la semana pasada estas 42 personas fueron citadas por el área de personal y recursos humanos, quienes junto a un escribano público registraron cada una de las entrevistas a  los trabajadores.  

Según explicaron desde el ejecutivo local: “No existe esto en otro Municipio de la provincia, el sindicato tiene sus ingresos mensuales para poder afrontar el pago de personal y sueldos. Las personas cobraban el sueldo por parte del municipio, pasaban horas extras, pero nadie podía acreditar donde trabajaban”.

Actualmente, la masa salarial correspondiente a los 42 trabajadores que estaban bajo la órbita del sindicato y que deben regularizar su situación asciende a $47.835.639,84. 

Por último, desde el área de personal informaron que, durante la auditoría, se han encontrado graves irregularidades en varios legajos. Estas situaciones están siendo evaluadas y se incluirán en el informe final de la auditoría, que se dará a conocer en las próximas semanas.