jueves 13 de febrero de 2025 - Edición Nº2262

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Medida cautelar

Se tratará la demanda de la UBA al Gobierno para evitar ser auditada

El juez Diego Cormick remitió hoy el reclamo de medida cautelar que presentó la Universidad de Buenos Aires para evitar ser auditada por la Sindicatura General de la Nación.



El juez en lo contencioso administrativo federal, Diego Cormick, remitió hoy a la fiscalía la acción declarativa de certeza y el reclamo de medida cautelar presentado por la Universidad de Buenos Aires (UBA) para evitar ser auditada por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). Esto se hace para determinar si dicho fuero es competente en este asunto.

Cormick asumió el caso esta mañana por sorteo, tras la recusación sin causa de la magistrada previamente sorteada, Rita Ailán, según informaron fuentes judiciales. Al recibir el caso, Cormick lo derivó a la fiscalía para que, "previo a proveer la medida cautelar solicitada", se dictamine "acerca de la competencia del tribunal", según la resolución.

La UBA presentó ayer una "acción declarativa de certeza" para que la Justicia defina si la SIGEN tiene la facultad de auditarla y solicitó una medida cautelar para impedir dicha auditoría mientras se resuelve el caso.

En el escrito de demanda, se pide que se ordene al Poder Ejecutivo Nacional y a la SIGEN que se "abstengan de realizar cualquier tipo de acción vinculada con intervenciones a esta Universidad, bajo el nombre de auditorías y/o cualquier otra denominación que implique control interno". Esto se argumenta considerando que la SIGEN decidió unilateralmente realizar una auditoría a partir del 28 de octubre, "careciendo de competencia para ello", según la demanda de la UBA.

La UBA también busca que la Justicia "declare la inconstitucionalidad del artículo 8 del Decreto 1344/07 y la incompetencia de la SIGEN para ejercer el control interno de esta Universidad", argumentando que esto es contradictorio e incompatible con la Constitución Nacional y otras normativas.

La demanda señala que la normativa impugnada viola el orden jurídico constitucional y vulnera diversos artículos de la Constitución Nacional, así como leyes y el Estatuto Universitario. Se busca una declaración judicial de certeza que establezca la inconstitucionalidad de la disposición legal y la inexistencia de relación jurídica entre la SIGEN y la Universidad en cuanto al control interno.

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