domingo 16 de junio de 2024 - Edición Nº2020

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Más despidos 

Cierran 81 Centros de Acceso a la Justicia: cómo afecta la medida a la Provincia

En los Centros de Acceso a la Justicia cerrados por el Gobierno Nacional trabajaban administrativos, psicólogos, abogados y cientos de profesionales



El Ministerio de Justicia anunció el cierre de 81 Centros de Acceso a la Justicia (CAJS) definiéndolas como “otra caja que brindaba de manera ineficiente servicios al Poder Judicial”. Muchas de las oficinas se encuentran en la provincia de Buenos Aires, lo que su clausura significará más bonaerenses desempleados. Los detalles.

Estos centros que “brindan servicios de atención legal primaria gratuita” en “temas de seguridad social, familia, trabajo, documentación, entre otros”, funcionan en 32 sedes en la provincia de Buenos Aires.

Antes de la asunción de Javier Milei, entre 2020 y 2023 los CAJS atendieron más de medio millón de consultas, alcanzando a más de 340 mil personas en todo el país. Cabe destacar que, a partir de este recorte y sumado a las 5 que habían cerrado previamente, sólo quedarán 24 de las 110 oficinas que había en todo el país al inicio de la gestión de Javier Milei.

Dentro de los CAJS trabajan cientos de profesionales entre los que destacan abogados, psicólogos, trabajadores sociales, personal administrativo. Según la cartera a cargo de Mariano Cúneo Libarona, el cierre se llevará a cabo luego de una auditoría y en consecuencia de brindar “de manera ineficiente servicios propios”.

El comunicado oficial del Gobierno a través del Ministerio de Justicia

Según lo expresado, la medida responde a “una auditoría interna que la cartera realiza desde el mes de diciembre”. A su vez, determina: “El Poder Ejecutivo determinó que los CAJ acumulaban empleados de distintas gestiones anteriores en dependencias alrededor de todo el país, sin demostrar resultados y duplicando funciones”.

Además, expresó que les costaba a los argentinos más “de 8 millones de pesos por año” y que el Gobierno “cuida el dinero de los contribuyentes”. Finalmente, sentencia: “Es injustificable la financiación de más oficinas, más empleados, y más recursos dedicados a la misma función”
 

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