
A tres días de las PASO, los diferentes candidatos ponen el foco en la fiscalización para cuidar cada uno de los votos que se deposite en las urnas y así, asegurar que no se vean afectados los resultados.
Sin embargo, la organización de los fiscales contempla un gasto económico inmenso, que incluye los viáticos, el transporte, los útiles y la alimentación. Según las autoridades electorales, el próximo domingo 13 se abrirán 104.577 mesas en 16.950 locales en todo el país, a los que deberán concurrir 35.394.425 votantes.
Según los cálculos, cada precandidato podría necesitar entre 60.000 y 120.000 fiscales, según la importancia del partido o frente, para evitar el ya tradicional “robo de boletas” y otras trampas.
En el caso de Unión por la Patria y Juntos por el Cambio, se suma que tendrán interna en la mayor parte de los distritos, por lo que no podrían compartir fiscales. Lo mismo ocurre con el Frente de Izquierda y otros sellos.
La financiación sale de los propios partidos, en algunos casos con blanqueamiento de costos y otros “en negro”, con partidas que podrían alcanzar cifras millonarias para un operativo que se repetirá en las generales y, eventualmente, en un balotaje.
En el caso de la provincia de Buenos Aires, el domingo se abrirán 38.074 mesas, para que voten 13.110.768 ciudadanos. Si cada mesa recibirá 344 votantes en los 6144 centros de votación, cada postulante a la Presidencia necesitaría la presencia de unos 45.000 fiscales en territorio bonaerense.
Para la fiscalización, cada postulante a la Rosada designó a un coordinador o máximo responsable: Eduardo Macchiavelli por Horacio Rodríguez Larreta; Paula Bertol por Patricia Bullrich; María Teresa García por Unión por la Patria y Fernando Cerimedo del lado de La Libertad Avanza, de Javier Milei.