San Miguel: presionan al municipio para que apruebe ordenanza contra las franquicias 

Por ahora, el Municipio se resiste a avanzar con una medida que atenta contra la actividad económica local y que vulnera lo expresado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

Dirigentes del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de San Martín (CMCPSM), jurisdicción bajo cuya órbita se encuentra San Miguel, se reunieron con funcionarios municipales con el objetivo de impulsar una ordenanza que prohíba las operaciones de las empresas de franquicias en la localidad. 

Del encuentro, que tuvo lugar el pasado 9 de marzo, coincidiendo con el inicio de sesiones ordinarias del Consejo Deliberante, participaron José María Sacco, -desde hace 15 años presidente del CMCPSM- Francisco Nigro, secretario de Gobierno de San Miguel, y personal del área Legal y Técnica del municipio.

La presencia de Sacco en San Miguel está vinculada con la iniciativa que desde hace unos años lleva adelante MartillerosBA, organización que nuclea a todos los colegios de martilleros bonaerenses, y que tiene como objetivo presionar a los municipios para que saquen ordenanzas que prohíban las operaciones de aquellas empresas que prestan servicios inmobiliarios complementarios a martilleros matriculados que trabajan de manera independiente. 

En San Miguel son numerosas las inmobiliarias que contratan servicios de franquicias para trabajar en la jurisdicción del municipio, como es el caso de RE/MAX, Century 21, ColdwellBanker y Keller Williams, entre las más destacadas. Sin embargo, de prosperar la ordenanza que exige el CMCPSM, también las plataformas digitales como Zonaprop, Mercado Libre Inmuebles o Mudafy verían afectadas sus garantías para hacer publicidad offline. 

Pero además la visita de Sacco a los funcionarios municipales generó inquietud no solo en la comunidad de inmobiliarios locales, sino que también puso en guardia a otros sectores que operan en San Miguel, localidad donde las franquicias prosperan y generan empleos en diversos rubros. Y si bien desde el Municipio se comprometieron a analizar el tema, también dejaron trascender que tienen ciertos reparos con avanzar con una medida de estas características que pondría en peligro fuentes laborales importantes para San Miguel. El temor de los funcionarios es que, de avanzar con una ordenanza como exigen los martilleros, probablemente otros rubros comerciales exijan medidas similares.

No escapa al conocimiento del Ejecutivo que las franquicias son actores importantes que dinamizan y desarrollan las economías locales.Debido al formato de su modelo de negocio que facilita y minimiza los riesgos de inversión, las franquicias son una buena alternativa para emprendedores e inversores locales que quieren iniciar un negocio o potenciar los existentes. Además, beneficia a los vecinos de la localidad otorgándoles otra alternativa para contratar servicios, mejora la competencia y genera movimiento en el comercio local ya que contratan una gran variedad de servicios en la ciudad para llevar adelante su operatoria. 

Los reparos de la administración local, a cargo de Juntos por el Cambio, son fuertes debido a que este espacio político levanta las banderas de la independencia de los poderes y, en caso de aprobarse una ordenanza de esta magnitud, se estarían arrogando facultades propias del Poder Judicial. Más aun teniendo en cuenta algunos antecedentes que tuvieron lugar en territorio bonaerense y que terminaron con efectos negativos para aquellas localidades que aprobaron ordenanzas como la solicitada por Sacco, en un intento por cerrar el mercado y eliminar la competencia.

En definitiva, los martilleros tendrán que esperar porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación llamó a una audiencia pública sobre el tema, dejando en la ilegalidad a los municipios que aprobaron ordenanzas similares a la exigida por Sacco, y a la brevedad se expedirá al respecto. Mientras tanto, la Corte estableció que cualquier normativa provincial o municipal tendiente a coartar la operatoria de las franquicias y empresas de servicios inmobiliarios quedará sin efecto hasta que no haya una sentencia firme del caso.