martes 23 de abril de 2024 - Edición Nº1966

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Larreta busca eliminar el impuesto a las tarjetas de crédito

El jefe gobierno enviará hoy el proyecto a la Legislatura porteña. Se trata de un tributo de 1,2%, que se puso luego de la quita de fondos en 2020



El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció que enviará hoy a la Legislatura un proyecto para eliminar el impuesto a las tarjetas de crédito, con el objetivo de “aliviar la carga del peso muerto del Estado a la gente que trabaja y produce” y acusó al Gobierno nacional de "incumplir" el fallo que dictó la Corte Suprema en la controversia judicial por el redireccionamiento de los fondos coparticipables de la ciudad.

“Hoy estamos enviando un proyecto de ley a la Legislatura porteña para eliminar ya el impuesto a las tarjetas de crédito. Yo había dicho que era algo temporal y lo voy a cumplir. Esto es una baja de impuesto que beneficia a la gente”, dijo Rodríguez Larreta en conferencia de prensa en el Centro Metropolitano de Diseño, en el barrio de Barracas.

En ese marco, se comprometió a "bajar impuestos" si llegara a competir como candidato a presidente de Juntos por el Cambio en las próximas elecciones y logra ser electo.

“Vamos a reducir el peso muerto del Estado sobre los que trabajan, los que producen y quieren invertir y generar trabajo. Esta es una solución concreta que muestra lo que necesita la Argentina y lo que yo pienso si llego a la Presidencia”, dijo.

Durante su discurso, el jefe de Gobierno porteño cuestionó que, “en un contexto difícil de crisis, el Gobierno nacional no sólo no presenta soluciones, sino que, además, no respeta la democracia, la República”.

En ese sentido, sostuvo que, "en diciembre, la Corte Suprema dictó un fallo que obliga al Gobierno nacional a devolverle a los porteños que nos sacaron".

"Pasaron dos meses y el Gobierno nacional no cumple con el fallo así que igualmente vamos a cumplir con lo que prometimos”, insistió el jefe de Gobierno porteño y precandidato a presidente por Juntos por el Cambio.

El litigio entre el Gobierno nacional y la Ciudad comenzó en septiembre de 2020 cuando el presidente Alberto Fernández decidió redistribuir un porcentaje de los recursos asignados por el expresidente Mauricio Macri a la Capital Federal por el traslado de la fuerza de seguridad.

En 2016, Macri aumentó por decreto de 1,4% a 3,75% la coparticipación de la Ciudad, pero por una polémica interna de Cambiemos, reajustó en 2018 y el porcentaje final fue 3,50%.

En plena pandemia, Fernández decidió volver al 1,4 por ciento por considerar “excesivo” el incremento otorgado por Macri “en detrimento del resto de las provincias” y se sancionó la Ley 27.606 en el Parlamento nacional.

Sin embargo, el conflicto llegó a la Corte Suprema por una presentación de la Ciudad, que obtuvo un fallo favorable a su postura en diciembre pasado.

Al respecto, Larreta señaló que la postura del Gobierno nacional “va en contra de la autonomía de la Ciudad y viola todos los principios democráticos, republicanos, federales y de división de poderes”.

El pasado 1 de marzo, al hablar ante la Asamblea Legislativa, el Presidente se refirió a la controversia por el fallo de la Corte que benefició a la ciudad: “Mientras que muchas provincias necesitan realizar obras que permiten asegurar servicios tan esenciales como el agua potable para sus habitantes, la Corte aseguró con una cautelar a la Ciudad, recursos coparticipables que no le corresponden contrariando la ley de coparticipación vigente”.

“Le quita dinero a los que más necesitan y destina esos mismos recursos a la ciudad más opulenta del país”, aseguró Fernández en el Congreso.

Y continuó: “Los recursos coparticipables se distribuyen de acuerdo a las formas establecidas por una ley convenio que han firmado cada una de las provincias argentinas y el Estado Nacional. La Ciudad no forma parte de ese convenio. No tiene derechos sobre esos recursos. Debe recibirlos del Estado nacional cuando este le transfiere un servicio que hasta ese momento prestaba. Esa decisión es potestad del Poder Ejecutivo Nacional y no puede ser sustituida por otro poder de la república”.

Para Fernández, “la intromisión de la Justicia en la ejecución presupuestaria es definitivamente inadmisible. Excede sus facultades, olvida la regla jurisprudencialmente fijada que reconoce ‘cuestiones políticas no judiciables’ y pone en riesgo la lógica redistributiva de la Ley de Coparticipación Federal causando un severo daño al equilibrio de las cuentas públicas”, y respaldó el proceso de juicio político a los miembros de la Corte que se lleva adelante en Diputados.

En la rueda de prensa de hoy, Rodríguez Larreta sostuvo que, desde su gestión, confían en que la Corte “haga cumplir el fallo para que los fondos empiecen a llegar con normalidad”.

Para eso, recordó el jefe de Gobierno, CABA se presentó ante la Corte “pidiendo un embargado diario para que los fondos de coparticipación que le corresponden a la seguridad de los porteños vengan a la Ciudad”.

La semana pasada, el Gobierno nacional oficializó el pago a través de la emisión de bonos del Tesoro Nacional, pero la Ciudad rechaza esa modalidad, por lo que pidió en la Corte un embargo para recibir la coparticipación diaria a través del Banco Nación.

En ese marco, el Ministerio de Economía dispuso la ampliación de la emisión de los bonos TX31 por un monto equivalente a $ 98.500 millones para hacer frente a la medida cautelar de la Corte Suprema de Justicia que elevó del 1,4% al 2,95% la alícuota de fondos de coparticipación destinados al distrito porteño.

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