Rige el tarifazo en los Colegios de Martilleros de la Provincia y crece el descontento

Si bien a fines de 2023, el Consejo Superior del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia fijó el valor de la cuota anual en 350.000 pesos para todos los Colegios Departamentales de la Provincia, lo cierto es que los valores ya alcanzan los 450.000 pesos.

En algunos Colegios, como en el de Azul y San Martín, por ejemplo, se dispusieron nuevos valores según la fecha de vencimiento que cada profesional eligiera. De ese modo, quienes opten por pagar en tres cuotas, deberán cancelar una primera cuota de 150.000 pesos con vencimiento el 30 de abril, y dos cuotas más del mismo monto, con vencimientos el 31 de julio y el 31 de octubre, respectivamente. A esas dos cuotas se le adicionarán intereses.

A principios de este año, el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de San Isidro llevó la cuota anual de 60.000 a 350.000 pesos, lo que representó un incremento de casi el 500%. La situación se replica en los demás colegios de la provincia y las críticas van en aumento.

Los colegiados consideran que sus aportes no se reflejan en mejoras a su formación profesional ni en servicios de ningún tipo. Por el contrario, los balances anuales de los distintos Colegios de Martilleros dan cuenta de gastos millonarios en cuestiones superfluas. La memoria y balance 2023 del Colegio de Martilleros de Lomas de Zamora, por ejemplo, indica que los gastos por servicio de cafetería y maestranza en 2023 superaron los 22 millones de pesos. Ese ítem aparece entre los cinco más onerosos, sólo detrás de los sueldos de los empleados y las cargas sociales.

Otro gran foco de críticas son los sorteos anuales de automóviles y las erogaciones millonarias por demandas judiciales. La Justicia no ha parado de rechazar múltiples denuncias penales que los Colegios emprenden contra martilleros y agentes inmobiliarios. Los colegiados advierten que las costas de esos procesos –muchas veces millonarios– ponen en riesgo el patrimonio de todas las instituciones.

A la denominada “guerra contra las franquicias” se ha sumado en los últimos años el hostigamiento de los propios matriculados. Los profesionales consideran que ese enfoque entorpece el desarrollo del sector, ya que achica la competencia entre corredores e impide el crecimiento del mercado.

Gastos sin contraprestaciones

Además de la cuota anual 2024, las quejas se maximizan en relación con los valores de matriculación. En el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Azul, por caso, a la cuota anual (350.000 pesos) se suman el derecho de inscripción (425.000 pesos), fianza (30.000 pesos), la contribución al Consejo Superior (75.000 pesos), gastos administrativos (12.000 pesos) y credencial (8.000 pesos). Eso hace un total de 900.000 pesos.

Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto por el Colegio de Martilleros de la Provincia de Buenos Aires, el ABAO anticipado (del primer semestre del año) valía 300.000 pesos (para quienes pagaran antes del 29 de febrero) y 450.000 pesos hasta finales de abril. El ABAO es el Aporte (jubilatorio) Básico Anual Obligatorio que deben pagar todos los matriculados a la Caja de Previsión del Colegio de la Provincia. El aporte se realiza de forma mensual y el importe es fijado por el Consejo Superior de la provincia todos los años.

Al descontento por cuestiones como las jubilaciones, las escasas capacitaciones y los gastos inútiles, se suman las trabas a los nuevos corredores. Recientemente, el Colegio de Martilleros y Corredores de la Provincia de Buenos Aires lanzó una resolución en la que se exige a cada nuevo corredor o martillero presentar dos cartas de matriculados con 10 años de antigüedad que avalen al recién recibido.

La iniciativa define que “en todos los casos, se exigirá que dos matriculados, con un mínimo de diez (10) años de antigüedad, formulen mediante cartas fundadas, la presentación del colega que aspira a inscribirse”. Una vez presentadas las cartas, la recomendación puede ser objetada, un escenario que prevé graves inconvenientes para los recién recibidos.

Además de culpar a las cúpulas de los Colegios por las dificultades que encuentran los egresados de las carreras de corredores y martilleros para insertarse en el mercado laboral, los profesionales apuntan contra la falta de acción para encontrar una salida a la frágil situación de las inmobiliarias más chicas ante la crisis.

Lo cierto es que el sector demanda debates urgentes sobre la obligatoriedad de la matriculación y diversos modus operandi de varios dirigentes históricos de los Colegios, que muchos profesionales ya tildan de “casta inmobiliaria”.