Punta Alta aprobó el proyecto “Golpe a la Casta” impulsado por LLA

El Concejo Deliberante de Coronel Rosales aprobó por mayoría el proyecto denominado “Golpe a la Casta”, una iniciativa impulsada por el bloque de La Libertad Avanza que establece restricciones para aquellos concejales que decidan apartarse del espacio político por el cual fueron elegidos.

La ordenanza, promovida por el presidente del cuerpo, Pablo Ariel Gómez, fija que los ediles que abandonen su bloque perderán derechos vinculados a la estructura administrativa y logística del Concejo, además de limitar el reconocimiento de personería política individual.

La iniciativa se enmarca en el discurso de austeridad y reducción del gasto que el espacio libertario impulsa a nivel nacional, aunque ese planteo convive con distintas polémicas recientes vinculadas al uso de recursos públicos.

Qué establece la normativa

El proyecto introduce cambios en el funcionamiento interno del cuerpo deliberativo local. Entre los puntos principales, se dispone que quienes se alejen de su bancada original no podrán contar con asesores propios, oficinas exclusivas ni otros recursos que impliquen erogaciones para el Estado municipal.

Además, se elimina la posibilidad de conformar nuevos bloques con estructura propia en esos casos, con el objetivo —según sus impulsores— de evitar el aumento del gasto político y respetar el mandato electoral.

Cómo fue la votación

La iniciativa obtuvo el respaldo de una mayoría integrada por concejales de Unión por la Patria, La Libertad Avanza, Potencia, Juntos y el PRO, mientras que fue rechazada por los bloques de la UCR y Bien Común.

Desde el oficialismo local señalaron que la medida busca “dar una señal de orden institucional” y evitar que las bancas sean utilizadas con fines individuales tras las elecciones.

Las tensiones con el discurso “anticasta”

La aprobación del proyecto se da en un contexto donde el discurso de “anticasta” que impulsa La Libertad Avanza convive con cuestionamientos a nivel nacional por prácticas de sus propios dirigentes.

En los últimos meses, el vocero presidencial Manuel Adorni quedó bajo la lupa por una serie de situaciones vinculadas a su patrimonio y estilo de vida desde su llegada al Gobierno.

A su vez, también generó controversia la difusión de créditos millonarios otorgados a funcionarios nacionales por parte del Banco Nación, que, si bien se trata de operaciones que no presentan irregularidades formales, las cifras y condiciones despertaron cuestionamientos en el plano político, en un contexto donde amplios sectores de la población enfrentan dificultades para acceder a ese tipo de financiamiento.

A esto se sumó el caso de la diputada María Gabriela Flores, quien admitió haber utilizado pasajes financiados por la Cámara de Diputados para el traslado de un familiar, lo que reavivó el debate sobre el uso de recursos públicos dentro del propio espacio.

Un antecedente que puede replicarse

Más allá de la discusión política, el proyecto aprobado en Coronel Rosales podría ser tomado como referencia por otros municipios que buscan regular el funcionamiento de sus concejos deliberantes.

En ese marco, el debate sobre la “casta”, el uso de recursos públicos y los límites de la representación política vuelve a instalarse, ahora también en el plano local.