La Secretaría de Asuntos Legales del municipio de Hipólito Yrigoyen, a cargo de la doctora Linda López, emitió un comunicado para responder a un fallo judicial vinculado a un pedido de acceso a la información pública. La presentación había sido realizada por un grupo de vecinos, entre ellos María Estela Odriozola, Teresa Manrique y Eduardo Otero, quienes solicitaron documentación oficial al municipio.
Desde el área legal sostuvieron que en ningún momento se negó el acceso a la información, sino que se señalaron las formalidades requeridas y el carácter en que se presentó la solicitud. Entre los pedidos se encuentran informes sobre la extensión del distrito —con discriminación entre superficie rural y urbana y padrón de propietarios— y listados de cheques emitidos y transferencias realizadas desde cuentas oficiales durante 2024, con detalle de beneficiarios, montos y conceptos.
La Cámara Contencioso Administrativa de San Martín, en segunda instancia, dispuso que la documentación debe ponerse a disposición para su consulta directa. Además, estableció que los costos de reproducción en soporte físico deben ser asumidos por los solicitantes en caso de requerir copias.
El municipio afirmó que la información ya se encuentra disponible para su consulta presencial o para su reproducción una vez abonada la tasa correspondiente. Sin embargo, indicaron que hasta el momento los vecinos no se presentaron a revisar la documentación ni realizaron el pago necesario para obtener las copias.
Desde la Secretaría subrayaron que existe acceso directo a los funcionarios en el distrito y que se mantuvieron reuniones con distintos sectores, incluyendo actores del ámbito agropecuario. El comunicado concluyó con un llamado a evitar interpretaciones parciales de la situación y a llevar tranquilidad a la comunidad.
La respuesta municipal se produjo en un contexto en el que el acceso a la información pública se convirtió en un eje de tensión entre vecinos y autoridades locales en varios municipios bonaerenses, donde los mecanismos formales de solicitud y los plazos de respuesta generan frecuentes controversias.